Gobierno Petro entrega la ESSMAR a la Alcaldía de Santa Marta para avanzar en plantas desalinizadoras y solución al agua
Tras casi cinco años de intervención nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos oficializó el fin de la toma de posesión de la ESSMAR E.S.P. Con esta decisión, la Alcaldía Distrital recupera el control de la empresa pública e impulsará la licitación de plantas desalinizadoras respaldada por una inversión estatal de $1,2 billones. Un giro histórico acaba […]
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Tras casi cinco años de intervención nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos oficializó el fin de la toma de posesión de la ESSMAR E.S.P. Con esta decisión, la Alcaldía Distrital recupera el control de la empresa pública e impulsará la licitación de plantas desalinizadoras respaldada por una inversión estatal de $1,2 billones.
Un giro histórico acaba de dar la gestión del agua potable en el Caribe colombiano. A través de la Resolución SSPD-20261000688975, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) declaró formalmente el fin de la toma de posesión sobre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) y ordenó la devolución de su administración a la Alcaldía Distrital.
La decisión, liderada por la superintendente encargada Hilda María Borja Vega en cumplimiento de las directrices del Gobierno del presidente Gustavo Petro, le entrega de nuevo el control operativo y administrativo de la empresa al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.
Con esta entrega formal, la administración distrital tiene luz verde para acelerar el proceso de licitación, contratación y ejecución de las plantas desalinizadoras, consideradas la alternativa técnica y estructural más importante para resolver el histórico desabastecimiento de agua que sufre la ciudad.
¿Por qué finaliza la intervención de la ESSMAR?
La ESSMAR había sido intervenida en noviembre de 2021 debido a deficiencias técnicas, financieras y operativas. Sin embargo, la Superintendencia determinó la aplicación de la figura jurídica conocida como «decaimiento del acto administrativo».
En lenguaje sencillo, esto significa que las condiciones que motivaron la intervención cambiaron de forma radical:
1. Límite legal excedido: La ley estipula que una intervención para administrar no debe sobrepasar los 2 años. En este caso, la toma de posesión se extendió por casi 5 años.
2. El problema superaba a la empresa: La crisis del agua en Santa Marta no dependía únicamente de la gestión interna de la ESSMAR, sino de una escasez histórica de fuentes hídricas e infraestructura que desbordaba la capacidad de la entidad local.
3. Solución asumida por la Nación: El Gobierno Nacional intervino directamente financiando y estructurando una solución de fondo mediante proyectos estratégicos.
4. Plan de Salvamento del Distrito: La Alcaldía de Santa Marta radicó una hoja de ruta con respaldo presupuestal e inversiones superiores a $1 billón de pesos en obras complementarias (como la Planta El Curval, colectores de saneamiento y rehabilitación de estaciones de bombeo).
Plantas desalinizadoras: la apuesta por transformar el agua de mar
Para enfrentar las sequías prolongadas y la dependencia de los ríos locales, las plantas desalinizadoras fueron declaradas como Proyecto Estratégico de la Nación.
El plan contempla una inversión cercana a los $1,2 billones de pesos por parte del Gobierno Nacional para construir los sistemas de captación de agua marina, desalinización, potabilización, almacenamiento y redes de distribución. Dado que la Nación ya inició el proceso de selección contractual, la permanencia de la intervención sobre la ESSMAR dejó de ser necesaria para la ejecución de este megaproyecto.
¿Qué viene ahora para los samarios?
Empalme de 3 días: Se fijó un periodo de transición de tres (3) días corrientes para que el Agente Especial saliente entregue a la Alcaldía los estados financieros, inventarios, contratos, cartera y proyectos en ejecución.
Sin interrupción de servicios: La resolución deja claro que la devolución de la empresa no afectará ni detendrá la prestación continuada de los servicios de acueducto y alcantarillado, ni interrumpirá las licitaciones nacionales en curso.
Vigilancia especial por 6 meses: Para asegurar una transición ordenada, la Superintendencia mantendrá un esquema especial de inspección y seguimiento durante los próximos seis meses, sin que esto implique una nueva intervención.
Con este paso, Santa Marta abre una nueva etapa institucional para lograr, tras décadas de dificultades, la tan anhelada solución definitiva al suministro de agua potable.
