Desde hace varias semanas, los vendedores informales vienen pidiendo que los dejen trabajar. Las calles parecen ya tener dueño.
El cerramiento con vallas en el Centro Histórico, se normalizó bajo el justificante de permitirle a las autoridades tener un mejor control del tránsito y movilidad.
Pero estas mismas herramientas, se convirtieron en armas por las cuales la Unidad de Espacio Público, evita el ingreso de los vendedores informales a la zona.
Los vendedores informales, han solicitado que les permitan trabajar y ganar su sustento vital.
A las seis de la tarde, inician la redada para expulsar a cuanto vendedor de chucherías, artesanías o artista encuentran. Los negocios formales toman las calles.
Restaurantes, tienen mesas a cielo abierto con el beneplácito de la Alcaldía para asegurar el distanciamiento. Pero los marginados también piden concesiones.
VER: ¡Insólito! En Santa Marta están cobrando el espacio para vendedores informales
INSULTOS ES LA RESPUESTA
En la sentencia T-067/17 la Corte Constitucional reconoció el derecho de los vendedores informales a un mínimo vital. Reubicarlos dignamente es obligatorio.
La Alcaldía de Virna Johnson parece haber hecho oídos sordos al compromiso. Adolfo Bula, su secretario de Gobierno, hasta les ha lanzado sillas cuando reclaman.
Quisiera saber por qué en un distrito donde a diario se están registrando hechos sicariales, la funcionaria de la secretaría de @SeguridadSMR @sarita_vives amenaza a los trabajadores informales que buscan respaldo en el Frente Amplio de Mujeres con "joderlos"
— Jennifer del toro (@jennydeltoro) December 8, 2020
Este mismo funcionario, parece ser el terror de los vendedores informales, que en sus protestas, han recibido disparos, desalojos violentos e insultos por doquier.
La activista Jennifer del Toro, ha denunciado estas situaciones sin que nadie haga nada. Los informales suplican que los dejen trabajar, y tampoco, nadie hace nada.
VER: Concejo Distrital exige saber en qué va la reubicación de vendedores
SOLUCIONES INMEDIATAS
Según el Dane, el 88,3% de los samarios viven en la informalidad laboral. Por eso, hacer efectiva la política pública sobre el tema es de carácter urgente.
Pese a esto, la socialización ha sido prácticamente nula. Y los vendedores radicaron un derecho de petición para informar, qué de esa política han cumplido.
La Asociación de Estudiantes de Antropología, han respaldado a los vendedores en sus exigencias.
La Asociación de Estudiantes de Antropología de Santa Marta, han denunciado el silencio gubernamental, pero también se han ofrecido para acompañar el proceso.
Los vendedores, sólo piden ser reubicados, condiciones dignas de trabajo sin persecución institucional, y sobre todo, que cese la marginación, la xenofobia y los insultos.
VER: Santa Marta el epicentro de las ocupaciones ilegales
