Hacinamiento en la cárcel de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas, refleja una crisis penitenciaria marcada por incumplimientos y precariedad.
La cárcel Rodrigo de Bastidas, ubicada en Santa Marta, se ha convertido en el epicentro de una crisis penitenciaria que pone en evidencia las fallas estructurales del sistema carcelario en Colombia. Con un hacinamiento superior al 300 %, el establecimiento enfrenta una saturación que afecta no solo a los internos, sino también a los funcionarios y a la comunidad circundante. Esta situación ha escalado en gravedad tras la suspensión del ingreso de nuevos sindicados por parte del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup S.I.), que denuncia el incumplimiento de un convenio firmado en 2024 por la Alcaldía para mejorar las condiciones del penal.
Hacinamiento histórico en cárcel de Santa Marta
La sobrepoblación no es un fenómeno reciente. Desde su apertura, la cárcel Rodrigo de Bastidas ha operado por encima de su capacidad. Diseñada para alojar 400 internos, actualmente alberga más de 1.200. Este hacinamiento, del 300 %, refleja un problema crónico en el sistema penitenciario colombiano, donde, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el hacinamiento promedio a nivel nacional ronda el 120 %.
En Santa Marta, esta situación se ha exacerbado debido al incremento de las capturas en el marco de políticas de seguridad que no contemplaron el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria. Esto ha generado un círculo vicioso: más capturas, más internos y menos recursos para garantizar condiciones dignas.
El convenio incumplido: detonante de la crisis
En octubre de 2024, la Alcaldía de Santa Marta firmó un convenio que comprometía $1.500 millones para remodelaciones urgentes en el penal. Sin embargo, la ejecución de estos recursos ha avanzado a un ritmo lento, con solo el 40 % desembolsado hasta ahora. Este retraso llevó al Seup S.I. a tomar medidas drásticas, como suspender el ingreso de nuevos reclusos, argumentando que las condiciones actuales no garantizan la seguridad ni la dignidad de internos y funcionarios.
La falta de ejecución efectiva ha evidenciado problemas administrativos y una desconexión entre las promesas gubernamentales y las acciones concretas. A esto se suman las denuncias de los internos en el Centro Transitorio de Protección, quienes, en protestas pacíficas, han exigido soluciones inmediatas a las condiciones infrahumanas que enfrentan.
Consecuencias sociales de la crisis carcelaria
El impacto de esta crisis no se limita al penal. En el Centro Histórico de Santa Marta, donde opera el Centro Transitorio de Protección, comerciantes y residentes han denunciado afectaciones al turismo y la economía local. La presencia de personas privadas de la libertad en condiciones de hacinamiento ha generado incomodidad y percepción de inseguridad, elementos que deterioran la imagen de la ciudad como destino turístico.
Además, la crisis penitenciaria ha evidenciado fallas en la planificación urbana y la gestión de recursos públicos, afectando la confianza de los ciudadanos en las autoridades locales.
Respuesta de la Alcaldía: ¿soluciones o paliativos?
Frente a la presión social y sindical, la Alcaldía de Santa Marta ha implementado medidas urgentes para mitigar la crisis. Entre estas, el traslado de 43 sindicados a la cárcel Rodrigo de Bastidas y la promesa de reubicar a otros 117 antes de finalizar noviembre. Aunque estos movimientos han aliviado temporalmente la saturación en el Centro Transitorio, no representan una solución estructural al problema.
El giro de $600 millones, correspondiente al 40 % del convenio, también ha sido recibido con escepticismo. Aunque el alcalde Carlos Pinedo Cuello aseguró que los recursos restantes serán ejecutados antes de finalizar 2024, la falta de confianza en la gestión administrativa plantea dudas sobre el cumplimiento de este compromiso.
Aspectos normativos: un marco incumplido
La crisis carcelaria en Santa Marta también refleja el incumplimiento del marco normativo colombiano en materia de derechos humanos. Según el artículo 28 de la Constitución Nacional, toda persona privada de la libertad tiene derecho a condiciones dignas. Adicionalmente, la Ley 65 de 1993 establece la obligación del Estado de garantizar la resocialización de los internos, algo que resulta inviable en un contexto de hacinamiento extremo y precariedad.
Entidades como la Defensoría del Pueblo han señalado repetidamente las condiciones críticas en la cárcel Rodrigo de Bastidas, advirtiendo que el hacinamiento y la falta de recursos vulneran los derechos fundamentales de los internos y afectan la seguridad de la comunidad en general.
Lecciones de otras ciudades: la descentralización
La experiencia de otras ciudades en Colombia podría ofrecer lecciones valiosas para Santa Marta. En Medellín, por ejemplo, la implementación de programas de justicia restaurativa y la inversión en infraestructura penitenciaria han reducido significativamente el hacinamiento en los últimos años. Estas iniciativas, que combinan la construcción de nuevos centros penitenciarios con programas de resocialización, han demostrado ser más efectivas que las soluciones temporales.
En Santa Marta, la falta de coordinación entre las entidades locales y nacionales ha dificultado la adopción de medidas similares. Sin una visión a largo plazo que trascienda los periodos administrativos, las soluciones implementadas seguirán siendo insuficientes.
Causas y futuro de la crisis en cárcel de Santa Marta
La crisis carcelaria en Santa Marta, reflejada en el hacinamiento extremo de la cárcel Rodrigo de Bastidas, evidencia problemas estructurales en la gestión penitenciaria del país. Las medidas paliativas, como los traslados y el desembolso parcial de recursos, son insuficientes para abordar las causas profundas de esta situación.
La administración distrital debe priorizar la ejecución completa del convenio firmado y avanzar en la implementación de políticas integrales que incluyan la ampliación de la infraestructura penitenciaria y programas efectivos de resocialización. Solo con un enfoque estructural y coordinado será posible superar esta crisis que afecta no solo a los internos, sino también a la comunidad samaria en su conjunto.
En este contexto, los ojos de la ciudadanía y las entidades de control permanecen atentos, esperando que las promesas se traduzcan en acciones concretas y sostenibles.
VER: Crisis penitenciaria: sindicato bloquea ingresos en cárcel de Santa Marta
