Iris María Fonseca Lidueña no solo firmó un contrato por 62 millones de pesos con la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –Essmar- sino que también lo hizo en cinco oportunidades por más de 170 millones de pesos con el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta –Setp-.
Gran revuelo generó en la comunidad samaria conocer que la representante legal de la firma Fonseca & Fonseca Abogados S.A.S, contratista de la –Essmar-, es hermana del Magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena, Carlos Milton Fonseca Lidueña.
El magistrado fue quien recientemente falló en favor del detenido y suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez con respecto a la apelación de la medida de aseguramiento.
El fallo emitido el miércoles 10 de julio, ordenó al Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta, que en un término de cinco días debería adoptar una decisión.
Rafael Martínez está señalado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en la red de puestos y centros de salud de la ciudad.
LA PUNTA DEL ICEBERG
El portal Seguimiento.co demostró el conflicto de intereses que constituía el contrato de prestación de servicios número 277 celebrado por Ingrid Johana Aguirre Juvinao, gerente en su momento de la –Essmar-.
El contrato favorece a la firma Fonseca & Fonseca S.A.S, representada por Iris María Fonseca Lidueña, por un moto de 62 millones de pesos.
Contrato revelado por Seguimiento.co
El acuerdo establece que la firma debe entregar “Asesorías y capacitaciones jurídicas”, entre otros, pero no fue el único contrato que la administración de Martínez le dio a esta firma asesora.
Aunque se han negado a aceptar la acusación del conflicto de intereses argumentando que para esta fecha Rafael Martínez ya estaba suspendido, esta es solo la punta del iceberg.
CARRUSEL DE CONTRATOS
La firma de abogados recibió por parte de la administración de Martínez, a través del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, un “Carrusel de contratos” en los últimos 23 meses.
En total fueron cinco contratos por un valor total de $174.920.396:
- Contrato 235 del 11 de agosto de 2017 por $23.387.096 para ejecutarse en un plazo de cuatro meses. (Virna Lizi Johnson Salcedo, gerente de la época, y actual precandidata a la alcaldía de Santa Marta, fue la encargada de firmarlo con Iris María Fonseca Lidueña) (Ver documento aquí)
- Un mes después fue firmado el contrato número 050 por un valor de $31.533.300, con plazo de ejecución de cinco meses, pero esta vez con Pubenza Plaza Quintero, quien en el registro mercantil de la firma de abogados, figura como representante suplente, pero quien es, además, la actual esposa del magistrado Carlos Milton Fonseca. (Ver documento aquí)
- En julio de ese mismo año, la empresa encargada del transporte público de Santa Marta, esta vez teniendo como gerente a Luis Guillermo Rubio Romero, firmó un nuevo contrato (Número 103), por un valor de $33.000.000 con Iris María Fonseca Lidueña, representante de la firma asesora y hermana del magistrado.(Ver documento aquí)
- En febrero y Junio de este año, Rubio Romero le renovó los contrato a Fonseca & Fonseca, el primero por $40.000.000, con un plazo de ejecución de cuatro meses con cuotas mensuales de $10.000.000 y el segundo por $47.000.000, con cinco meses como plazo de ejecución.(Ver documento aquí /Ver segundo documento)
En estos 24 meses, Fonseca & Fonseca S.A.S, quien presta asesoría jurídica a la –Setp- pasó de recibir 23 millones de pesos a 47 millones en año y medio de los acuerdos contractuales.
CONFLICTO DE INTERESES
El “caicedismo” argumenta que el contrato entre Ingrid Aguirre y la firma de abogados fue firmado por el presidente de la junta directiva que para mayo de este año era el actual alcalde encargado de Santa Marta Andrés Rúgeles.
Sin embargo, los contratos enunciados dan cuenta de una larga relación contractual entre Fonseca & Fonseca y el grupo político al que pertenece el alcalde Martínez.
Por lo tanto el magistrado Carlos Milton Fonseca, debió declararse impedido a la hora de pronunciarse sobre la acción de tutela establecida por el detenido alcalde de Santa Marta.
Es evidente el claro conflicto de intereses que carga sobre sus hombros, con contratos por más de 220 millones a la empresa que representan su hermana y su esposa.
