La cuantiosa suma de dinero corresponde a 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes que tasó el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de este caso que consternó a todo un país.
El lamentable incendio de la buseta de placas UVS-556, en Fundación, Magdalena, que produjo la muerte de 33 niños el 18 de mayo de 2014, abre otro capítulo: el Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a pagar una millonaria indemnización a los familiares de las víctimas y a los lesionados.
El Tribunal eximió de toda culpa al Distrito de Barranquilla, al comprobar que no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de los 30 niños aunque la parte acusadora argumentaba que el bus estaba registrado en esta ciudad y por lo tanto les cabía responsabilidad.
La indemnización asciende a $25.261.565.430 millones de pesos que de acuerdo con el fallo, deberá ser entregada al fondo para la protección de los derechos colectivos para pagarle a los integrantes de los grupos de familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes.
Entidades como el Ministerio del Transporte, el municipio de Fundación y la Policía Nacional también fueron demandadas y tampoco se les atribuyó responsabilidad alguna frente al incendio de la buseta, razón por la cual fueron absueltos en la sentencia.
MATERIAL PROBATORIO
En desarrollo de una acción de grupo que promovieron los más cercanos familiares de los niños fallecidos y heridos, se comprobó que la buseta incendiada fue contratada por un miembro de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevar a los niños a sus casas después de haber asistido a unas clases de escuela dominical.
No obstante, el mencionado autobús no contaba con el seguro obligatorio, carecía de la revisión técnico mecánica y tenía la tarjeta de operaciones cancelada por parte de la empresa transportadora a la cual estuvo vinculado antes del acontecido siniestro.
El incendio se presentó debido a que el conductor, al no poder maniobrar la buseta con gas natural, comenzó a manipular la gasolina dentro de la buseta, y al darle arranque a la misma se produjo una explosión.
La buseta, según se comprobó, había sido desvinculada de la empresa Cooperativa Norteña de Transportes Integrados Coonor, y se dispuso anular la tarjeta de operaciones. La revisión técnico mecánica la tuvo vigente hasta el día 4 de mayo del 2012 y el soat hasta el 12 de abril del 2012.
RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA
Para el Tribunal Administrativo del Magdalena la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumió la posición de garante frente a unos 60 niños sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los menores.
Además, no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos, de la misma manera consideró que la iglesia vulneró el principio de confianza de la sociedad especialmente de los padres de los menores que creyeron que sus hijos se transportaban en un vehículo en óptimas condiciones mecánicas.
“Esto con el agravante de que se trataba de un transporte de niños que muchos de ellos escasamente alcanzaban los 5 años de edad, lo que requería un especial cuidado en su custodia, medidas que evidentemente no se atendieron y allí que se deba ordenar la reparación de los perjuicios materiales y morales que se causaron en este hecho tan lamentable”, dice la sentencia.
Por su parte Álvaro Torres, pastor de la Iglesia Pentecostal aseguró que la iglesia no contrató un bus, fue un feligrés, a nivel personal quien quiso hacer un favor. Obviamente con mucha torpeza, contratar un bus que no sabía que no tenía los documentos en regla”.
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