Más de $4.000 millones y ni una gota de agua: cuestionan obra de Martínez y Caicedo en Magdalena
Ángela Cedeño denunció que la infraestructura permanece sin funcionar mientras comunidades de El Piñón y San Sebastián de Buenavista enfrentan el desabastecimiento. Más de $4.000 millones destinados a una obra para llevar agua potable a comunidades rurales del Magdalena y, según una denuncia presentada en territorio por la diputada Ángela Cedeño, los habitantes siguen esperando […]
Las obras y dificultades del acueducto mantienen la preocupación de las comunidades, que reclaman soluciones para garantizar el acceso continuo al servicio de agua potable.
Ángela Cedeño denunció que la infraestructura permanece sin funcionar mientras comunidades de El Piñón y San Sebastián de Buenavista enfrentan el desabastecimiento.
Más de $4.000 millones destinados a una obra para llevar agua potable a comunidades rurales del Magdalena y, según una denuncia presentada en territorio por la diputada Ángela Cedeño, los habitantes siguen esperando que el sistema funcione. La situación fue expuesta durante una visita a la zona, en medio de una temporada seca que ha complicado todavía más el acceso al agua.
La obra corresponde a un proyecto de ampliación y optimización del acueducto rural que, según la información entregada por Cedeño, comenzó durante la administración de Carlos Caicedo y continuó bajo el gobierno de Rafael Martínez, con participación de Aguas del Magdalena.
El contraste es precisamente el que llevó a la diputada a cuestionar lo ocurrido: mientras existen tanques e infraestructura construida, comunidades de El Piñón y San Sebastián de Buenavista continúan enfrentando dificultades para acceder al servicio de agua potable.
«¿Cómo es posible que tengamos una inversión de más de $4.000 millones y hoy las comunidades sigan sin una gota de agua potable?», cuestionó Cedeño.
Una obra que no estaría cumpliendo su propósito
Durante el recorrido, la diputada señaló que parte de la infraestructura permanece sin operar y calificó la situación como un posible «elefante blanco», al considerar que los recursos invertidos no se han traducido en el servicio que esperaban las comunidades.
En El Piñón, el reclamo alcanza a los corregimientos de Sabanas, San Basilio y Playón de Orozco, mientras que en San Sebastián de Buenavista la denuncia se concentra en la vereda El 6, donde Cedeño señaló que más de 600 habitantes continúan esperando una solución.
«Tenemos una infraestructura que se supone debía solucionar una necesidad básica de estas comunidades y hoy está abandonada, mientras la gente sigue buscando cómo conseguir agua», afirmó la diputada.
La situación adquiere mayor gravedad en medio de la sequía, pues, según lo expuesto durante la visita, algunas familias continúan recurriendo a fuentes de agua sin tratamiento para cubrir sus necesidades, ante la falta de un sistema que garantice el suministro.
Martínez y Caicedo, en el centro del cuestionamiento
Cedeño cuestionó a las administraciones de Rafael Martínez y Carlos Caicedo, así como el papel de Aguas del Magdalena en la ejecución y supervisión del proyecto. También mencionó al Consorcio Acueducto SS, relacionado con la ejecución de las obras.
«Lo que estamos viendo aquí es una obra que se pagó con recursos públicos, pero que no está cumpliendo el objetivo para el que fue contratada», sostuvo.
El señalamiento plantea preguntas sobre el desarrollo del proyecto, los controles aplicados durante su ejecución y las razones por las cuales la infraestructura no estaría prestando el servicio para el que fue construida.
La diputada anunció que solicitará la intervención de la Contraloría y la Procuraduría para que revisen el proyecto y establezcan si existieron irregularidades y responsabilidades.
«Necesitamos que los entes de control vengan, revisen qué pasó con estos recursos y determinen por qué una comunidad que necesita agua tiene una obra construida que no está funcionando», manifestó.
Ahora la discusión queda sobre la mesa: ¿qué ocurrió con los más de $4.000 millones destinados al proyecto, por qué la infraestructura no estaría funcionando y quién debe responder ante las comunidades que continúan esperando agua potable?
Las respuestas deberán establecerse a partir de los contratos, informes técnicos, pagos, interventorías y documentos oficiales del proyecto. Mientras tanto, en las comunidades señaladas por la diputada, la necesidad sigue siendo tan básica como urgente: abrir una llave y que salga agua.
