Naylea no está sola: una voz que no puede ser silenciada en Santa Marta
El atentado contra la periodista y excandidata a la Cámara Naylea Barros no puede ser tratado como un episodio aislado de violencia. Había denunciado amenazas durante más de tres meses y ahora las autoridades tienen la obligación de esclarecer quiénes dispararon contra su vehículo, mientras desde Código Prensa expresamos nuestra solidaridad con ella y su […]
Naylea Barros sobrevivió al atentado ocurrido en Santa Marta, donde varios disparos impactaron el vehículo en el que se movilizaba. Desde Código Prensa expresamos nuestra solidaridad con ella y su familia, y reclamamos garantías para que pueda continuar ejerciendo su labor periodística y su participación en la vida pública.
El atentado contra la periodista y excandidata a la Cámara Naylea Barros no puede ser tratado como un episodio aislado de violencia. Había denunciado amenazas durante más de tres meses y ahora las autoridades tienen la obligación de esclarecer quiénes dispararon contra su vehículo, mientras desde Código Prensa expresamos nuestra solidaridad con ella y su familia.
Hay momentos en los que el periodismo tiene que contar lo ocurrido con rigor, pero también dejar claro que existen límites que ninguna sociedad puede cruzar, y el ataque contra Naylea Barros es uno de ellos, porque una mujer que ejerce el periodismo, participa en política y desarrolla actividades sociales no puede ser obligada a guardar silencio por medio de amenazas o de la violencia.
La noche del 24 de agosto, Barros se movilizaba por Santa Marta junto a un familiar cuando varios sujetos dispararon contra el vehículo en el que viajaban, los impactos alcanzaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento que ella había ocupado minutos antes, y aunque resultó ilesa, el ataque pudo terminar en una tragedia.
Ese hecho adquiere una dimensión todavía mayor por lo que la propia Barros había denunciado antes de los disparos, pues aseguró que durante más de tres meses recibió mensajes amenazantes e intimidatorios por redes sociales y WhatsApp, además de presiones dirigidas contra personas cercanas para que dejara de participar en los procesos políticos y sociales que desarrolla en Santa Marta y el Magdalena.
Por eso, más que quedarnos únicamente con las imágenes de un vehículo impactado por las balas, la pregunta que debe ocupar a las autoridades es qué ocurrió durante esos meses, qué información había sido entregada previamente, si existían alertas sobre su seguridad y, especialmente, si las amenazas que Barros venía denunciando tenían relación con el ataque que finalmente sufrió.
Una mujer que decidió no quedarse callada
Naylea Barros ha construido su trayectoria desde el periodismo, el activismo y la participación política, espacios en los que ha expresado posiciones que pueden generar respaldo o críticas, pero que hacen parte del ejercicio democrático y, por esa razón, deben estar protegidos por las instituciones.
Su condición de excandidata del Pacto Histórico tampoco puede convertirse en una explicación para la violencia, porque el derecho a participar en política no depende de la ideología, del partido o del sector al que pertenezca una persona, y mucho menos puede determinar quién tiene derecho a hablar y quién debe guardar silencio.
En ese sentido, resulta importante el pronunciamiento de Norma Vera, quien salió públicamente en defensa de Barros y pidió que se adopten medidas concretas para garantizar su seguridad, además de reclamar una valoración urgente de su situación de riesgo y la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Seguridad.
El llamado de Vera adquiere especial relevancia porque pone la discusión en el terreno que realmente importa, la protección de una mujer que afirma haber recibido amenazas durante meses y que ahora fue víctima de un ataque armado, mientras las autoridades todavía deben establecer quiénes fueron los responsables y cuáles fueron sus motivaciones.
La obligación de proteger y esclarecer
El Gobierno nacional también reaccionó frente al atentado y ordenó avanzar en la investigación, mientras las autoridades de Santa Marta trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido, una respuesta que debe traducirse en resultados concretos y no quedarse únicamente en pronunciamientos institucionales.
La investigación deberá establecer quiénes participaron en el ataque, cómo fue planeado, si hubo seguimiento previo, desde qué lugar fueron realizados los disparos y, sobre todo, si existe una relación entre las amenazas que Barros denunció durante los últimos meses y la agresión del 24 de agosto.
Mientras esas respuestas llegan, también resulta necesario evitar que el caso sea utilizado únicamente como combustible para una nueva confrontación política, porque las declaraciones de Gustavo Petro y las respuestas del Gobierno forman parte de una discusión pública que no puede reemplazar el trabajo de los investigadores ni convertir una hipótesis política en una conclusión judicial.
El hecho esencial permanece, una mujer fue atacada a tiros mientras se movilizaba por Santa Marta y, según su propio relato, llevaba meses denunciando intimidaciones, por lo que ahora corresponde a las instituciones garantizar que pueda continuar con su vida y sus actividades sin que el miedo termine imponiéndose.
Desde Código Prensa, rechazamos el atentado y expresamos nuestra solidaridad con Naylea Barros y su familia, porque defender su derecho a expresarse, hacer periodismo, participar en política y denunciar aquello que considere irregular no significa compartir todas sus posiciones, significa defender una regla básica de la democracia, que ninguna diferencia política puede convertirse en una justificación para la violencia.
Naylea sobrevivió al ataque y ha dicho que no piensa abandonar su actividad, por eso el mensaje que debe quedar después de lo ocurrido es que no está sola, que las amenazas no pueden convertirse en una herramienta para sacar a una mujer de la vida pública y que las autoridades tienen una responsabilidad concreta, protegerla, investigar hasta las últimas consecuencias y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
En Santa Marta, donde las diferencias políticas han marcado durante años buena parte de la discusión pública, el caso de Naylea Barros también debe servir para recordar que la democracia se defiende cuando las diferencias se enfrentan con argumentos, con investigación y con participación ciudadana, nunca con intimidaciones ni con armas.
