La ONU advierte sobre riesgo real de desaparición de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada ante el avance armado.
La alerta es contundente. El representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, no dejó lugar a dudas tras su reciente visita a la Sierra Nevada: los cinco pueblos indígenas que habitan este territorio milenario están enfrentando un proceso de exterminio físico y cultural. La violencia territorial, el despojo, el reclutamiento forzado y la brutalidad armada son síntomas de un conflicto que no ha cesado y que, con el silencio y la ineficacia institucional, se convierte en una condena lenta pero implacable.
Un exterminio silencioso, pero sostenido
El panorama actual en la Sierra Nevada de Santa Marta representa un retroceso civilizatorio. La ONU ha documentado desde 2022 un incremento dramático de la violencia en los departamentos que la conforman: Magdalena, La Guajira y Cesar. La disputa por el control de las rutas del narcotráfico y otros negocios ilegales ha convertido a estas montañas en un campo de batalla sin ley ni protección.
Los grupos armados no estatales ejercen control social mediante toques de queda, restricciones de movilidad y amenazas, incluso interrumpen asambleas indígenas. Las comunidades no solo viven bajo régimen de terror, sino que ven cómo su cultura, espiritualidad y sistema de justicia propia son saboteados a diario.
Este no es solo un drama humano: es también un crimen contra el patrimonio cultural de la humanidad. Y si bien las cifras son crudas —tres masacres en Magdalena en 2024, homicidios que pasaron de 80 a 96 en Ciénaga entre 2022 y 2024, y Santa Marta con 311 asesinatos el año pasado— lo más grave es la pasividad de muchas instituciones.
Los pueblos Wiwa, Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Ette Naka no piden caridad, exigen lo mínimo: poder existir.
Mujeres y niñas: las más vulnerables, las menos protegidas
Uno de los llamados más estremecedores del informe de la ONU apunta a la situación de las mujeres indígenas. Las denuncias hablan de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sin acceso a servicios de salud adecuados ni rutas efectivas para buscar justicia. La violencia de género, en este contexto, es un arma más del conflicto y un símbolo de la desprotección institucional.
Las barreras lingüísticas, geográficas y culturales impiden que estas mujeres accedan a medidas de protección. Como lo expresó Campbell, muchas describen su realidad como si vivieran en el siglo X. A esa profundidad llega el abandono.
El reclutamiento forzado de menores, tanto indígenas como afrodescendientes y campesinos, el uso de niños para transportar armas y víveres, y la apropiación de tierras para turismo ilegal, completan un diagnóstico que no debería pasar inadvertido. Y sin embargo, lo hace.
🔵#Comunicado El riesgo de extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”: Scott Campbel👇👇https://t.co/BL74TBUeGy pic.twitter.com/HeLJhNR4J0
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 20, 2025
Pueblos indígenas en la Sierra Nevada, el Estado llega tarde, pero aún puede actuar
Frente a este escenario sombrío, el Estado colombiano ha reaccionado con lentitud. Las denuncias no son nuevas. Las masacres, las desapariciones, los homicidios de líderes y el desplazamiento forzado llevan años ocurriendo. Sin embargo, las medidas reales son escasas y descoordinadas. La impunidad sigue siendo la regla, no la excepción.
En 2024, al menos 600 indígenas Wiwa fueron desplazados forzosamente. Líderes como Wilfrido Segundo Izquierdo (indígena Arhuaco) y Manuel Moya (líder comunal en El Banco) fueron asesinados. El joven Kogui Daniel Nolavita desapareció. Y Santa Marta, además de ser epicentro de turismo masivo, también lidera las estadísticas de violencia.
A pesar del horror, hay señales de avance. La Fiscalía General de la Nación ha puesto en marcha un plan de priorización de casos en coordinación con sus seccionales en Magdalena, Cesar y La Guajira, incluyendo fiscales indígenas. Se trata de una decisión que, si se mantiene y se fortalece, puede comenzar a romper el ciclo de impunidad.
La ONU también ha destacado el acompañamiento que realiza en el Programa Futuro Colombia y en esfuerzos para atender la violencia de género contra mujeres indígenas. Pero aún es insuficiente.
Santa Marta, por su parte, no ha sido indiferente. La Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto del Distrito, Jennifer Del Toro, valoró el informe de la ONU como una radiografía necesaria y compartió que la Alcaldía viene articulando acciones de protección con comunidades indígenas, desde el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos. Destacó, además, que el Distrito ha abierto canales de participación con autoridades ancestrales, y que se han diseñado rutas para garantizar la movilidad segura de las mujeres indígenas hacia centros de salud y justicia.
La Alta Consejera, hace también un llamado, para que el Estado nacional escuche los llamados que desde Santa Marta se hace por los diálogos de paz en este territorio.
Pero esto no es un asunto solo local. El Gobierno nacional debe asumir que la Sierra Nevada está en riesgo de convertirse en un símbolo del fracaso institucional para proteger la vida, la diversidad y la dignidad.
VER: Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
