Margarita Guerra llegó a la Gobernación con el respaldo indiscutible de Carlos Caicedo y de Fuerza Ciudadana. Su candidatura representó la continuidad del proyecto político que gobierna el departamento desde 2020 y su triunfo en las elecciones atípicas de noviembre de 2025 fue presentado como una nueva victoria del caicedismo.
Sin embargo, desde sus primeros meses de gobierno, Margarita empezó a demostrar que el agradecimiento político no significa sometimiento y que la lealtad no puede confundirse con la renuncia al criterio propio. Una vez elegida, dejó de ser exclusivamente la candidata de un movimiento para convertirse en la gobernadora de todos los magdalenenses.
Los cambios realizados en su gabinete y la salida de funcionarios vinculados con administraciones anteriores enviaron una señal clara: Margarita quiere gobernar con su propio equipo, asumir directamente la responsabilidad de sus decisiones e imprimirle un estilo diferente a la administración departamental. Eso no significa desconocer los programas positivos de sus antecesores, sino entender que ninguna Gobernación puede manejarse desde fuera del despacho.
Esa autonomía parece haber incomodado a quienes estaban acostumbrados a interpretar cualquier diferencia como una traición. En organizaciones construidas alrededor de liderazgos fuertes, la independencia suele verse como deslealtad. Pero la Gobernación del Magdalena no pertenece a Caicedo, a Rafael Martínez, a Fuerza Ciudadana ni a ningún otro grupo. Es una institución pública al servicio de todo el departamento.
Margarita también ha mostrado un estilo menos beligerante y más conciliador. Mientras Caicedo y Martínez acostumbraron al Magdalena a la confrontación permanente con alcaldes, diputados, dirigentes e instituciones que no se sometieran a su orientación política, la actual gobernadora ha preferido restablecer canales de comunicación.
Su relación institucional con el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, es una muestra de ello. Sectores del caicedismo han insistido en desconocerlo políticamente y en presentarlo como un alcalde ilegítimo. Margarita, en cambio, ha entendido que Pinedo fue reconocido como mandatario y que la Gobernación tiene la obligación de trabajar con la Alcaldía, independientemente de las diferencias electorales.
La imagen de ambos compartiendo durante las celebraciones de la ciudad puede parecer superficial, pero contiene un mensaje importante: en una democracia, dos gobernantes pueden competir, pensar distinto y, aun así, tratarse con respeto. Los problemas del agua, el alcantarillado, la seguridad, la movilidad, el turismo y la infraestructura no se resuelven mediante insultos, comunicados hostiles o peleas en redes sociales. Requieren coordinación institucional.
Otra muestra significativa de sensatez ha sido el restablecimiento de la relación con la Universidad del Magdalena. La Gobernación y la Universidad volvieron a trabajar conjuntamente para ampliar la oferta académica en los campus universitarios subregionales de El Banco y Plato, mediante nuevos programas desarrollados en alianza con el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de Unimagdalena.
Esto contrasta con la confrontación promovida por Rafael Martínez. Durante la elección rectoral de 2024, Martínez votó en contra de la continuidad de Pablo Vera y llegó al absurdo de poner en duda la legitimidad de su designación, apoyándose incluso en rumores sobre una supuesta manipulación de los resultados. Sin embargo, Pablo Vera había obtenido cerca del 90 % de respaldo en la consulta universitaria y fue reelegido por seis de los nueve integrantes del Consejo Superior para el periodo 2024-2028.
Martínez podía votar en contra y expresar sus desacuerdos, porque ese era su derecho como integrante del Consejo Superior. Lo inaceptable fue transformar una diferencia institucional en una disputa personal y partidista, cuestionando públicamente la legitimidad del rector sin presentar pruebas concluyentes que desvirtuaran el proceso.
Margarita parece haber entendido que la Universidad del Magdalena no es enemiga de la Gobernación. Es la institución pública de educación superior más importante del departamento y un aliado indispensable para ampliar la cobertura, formar profesionales, impulsar la investigación y llevar oportunidades a los municipios. Alejar recursos, proyectos o programas de la Universidad por diferencias políticas con su rector habría significado perjudicar a los estudiantes y al territorio.
El diálogo con la Alcaldía, la Asamblea y la Universidad no implica que hayan desaparecido las diferencias. Tampoco significa que la gobernadora haya abandonado el movimiento que respaldó su candidatura. Significa algo mucho más elemental: que gobernar exige reconocer la legitimidad de las demás autoridades e instituciones.
Por supuesto, Margarita Guerra deberá ser evaluada finalmente por sus resultados. La conciliación y las buenas relaciones no sustituyen la ejecución presupuestal, las obras, la transparencia ni el mejoramiento de las condiciones de vida. Pero el cambio de tono ya constituye un avance.
Después de años de rencor, ego, beligerancia y confrontaciones innecesarias, volvió la sensatez a la Gobernación del Magdalena. Margarita Guerra parece comprender que gobernar no consiste en prolongar las guerras personales de un jefe político, sino en construir acuerdos y trabajar por todos los ciudadanos.
VER: Rafael Martínez: ¿el ‘gobernador encargado’ de Carlos Caicedo?
