La Agencia Nacional de Tierras recuperó 892 hectáreas en Sabanas de San Ángel y Santa Marta. Lo que parecía un episodio más de burocracia se convirtió en un hecho inédito.
La hacienda Convención, en Sabanas de San Ángel, era un terreno marcado por el por la sombra del paramilitarismo. Durante años, esta extensa tierra, fue administrada por el excongresista José del Rosario Gamarra, condenado en 2008 por concierto para delinquir. Hoy, esas 741 hectáreas pasaron a manos de 145 familias campesinas, agrupadas en asociaciones locales que planean sembrar yuca, algodón y frutales.
El traspaso no es un simple movimiento de papeles, pues significan para estas familias que un espacio que antes garantizaba poder y control armado, ahora se convertirá en plataforma de producción agrícola y seguridad alimentaria.
El giro en la costa de Santa Marta
Lo más llamativo ocurrió en el distrito de Santa Marta, donde cuatro predios fueron recuperados: La Palestina, La Unión, Rancho Grande y El Centro. Dos de ellos son baldíos de la Nación, y sin embargo estaban ocupados por particulares.
En Bahía Concha, uno de los destinos turísticos más codiciados, el acceso estaba condicionado por familias con vínculos políticos, entre ellos allegados al excongresista Alonso de Jesús Ramírez Torres, condenado por parapolítica.
Pues bien, Intervenir en estas playas rompe un patrón casi intocable: el turismo privado que se expande sobre lo público sin control alguno.
Más que títulos: control territorial
La recuperación no solo se mide en hectáreas. En La Unión, la Agencia Nacional de Tierras, encontró rastros de la presencia del Clan del Golfo, lo que revela que estas tierras no eran simples lotes en disputa, sino escenarios de poder armado.
Al reasumir el control, el Estado no solo entrega títulos; intenta estabilizar un corredor estratégico que conecta la Sierra Nevada con la Guajira, históricamente golpeado por desplazamiento forzado y violencia rural.
La estrategia detrás de la medida
Un elemento poco común fue la forma en que se articuló la operación. La ANT actuó junto a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Policía Nacional, integrando mecanismos distintos: recuperación de baldíos, bienes en extinción de dominio y aprehensión material, esa articulación permitió que el proceso no quedara atrapado en años de litigios.
Es decir, tres predios de la SAE y dos baldíos se resolvieron en cuestión de días, marcando un precedente para futuras intervenciones en otras regiones.
El reto para las familias
Ahora comienza la etapa más compleja: convertir las hectáreas en sustento real. Los campesinos requieren asistencia técnica, agua, infraestructura y protección. De poco sirve un título si las familias no pueden producir o si enfrentan retaliaciones. La clave está en acompañar los proyectos productivos con políticas públicas que fortalezcan mercados campesinos y garanticen seguridad a los nuevos propietarios.
Un laboratorio de política agraria
El Magdalena se convierte así en un caso de estudio. Combina tres elementos raramente unidos: la reparación a víctimas, el control sobre el turismo privado y el desmonte de viejas estructuras de poder político asociadas al paramilitarismo. Si las 145 familias logran consolidar su trabajo en Convención y en los predios de Santa Marta, este episodio dejará de ser una noticia aislada y pasará a ser un modelo replicable en el Caribe y en el resto del país.
