Santa Marta paga impuestos de ciudad grande, ¿pero dónde están los resultados?
Después de su quinto centenario, Santa Marta se erige como un caso de estudio paradigmático en la academia contemporánea, pero tristemente por el colapso sistemático de su metabolismo urbano. Quienes estudiamos, diagnosticamos y habitamos las dinámicas de la ciudad no podemos ignorar la profunda disonancia de nuestra administración: se nos exige una tributación implacable, digna […]
Columnista Código Prensa 1
Después de su quinto centenario, Santa Marta se erige como un caso de estudio paradigmático en la academia contemporánea, pero tristemente por el colapso sistemático de su metabolismo urbano.
Quienes estudiamos, diagnosticamos y habitamos las dinámicas de la ciudad no podemos ignorar la profunda disonancia de nuestra administración: se nos exige una tributación implacable, digna de una metrópoli global y competitiva, pero se nos condena a sobrevivir en un entorno fracturado, insalubre y profundamente excluyente.
La pregunta que retumba hoy en los barrios, los foros académicos hasta o en los parques en deterioro y sin iluminación, es solo una: ¿Dónde están los impuestos de los samarios?
Para entender la magnitud técnica de este desajuste, basta diseccionar el Acuerdo No. 014 de noviembre de 2025 (Concejo Distrital de Santa Marta, 2025). El presupuesto distrital aprobado para la vigencia fiscal 2026 alcanza una cifra astronómica: $1.72 billones de pesos.
En la literatura de las finanzas públicas y el desarrollo territorial, una inyección de capital de este calibre debería ser el motor para saldar inmediatamente los déficits crónicos de espacio público, infraestructura vial y redes de servicios públicos.
Sin embargo, en nuestro caso, este presupuesto histórico parece haberse consolidado como un inmenso agujero negro que no se refleja en el territorio.
Es imperativo recordar que gran parte de esta inmensa riqueza sale directamente del esfuerzo asfixiante del tejido productivo y la ciudadanía.
En este periodo, los samarios pagaremos más de $150.983 millones en Impuesto Predial Unificado y $176.947 millones en Industria y Comercio (ICA).
Tributamos como ciudadanos de primera línea bajo el pacto social y la promesa estatal de recibir externalidades positivas.
No obstante, recibimos a cambio un entorno urbano caótico que repele la inversión privada, deteriora los indicadores de calidad de vida y castiga severamente al habitante en su cotidianidad.
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Nada ilustra mejor este fracaso administrativo que la crisis crónica de los servicios básicos. Santa Marta se ahoga literalmente en sus propios desechos (reflejo es nuestro rio manzanares) por la inoperancia frente a la concesión de ATESA.
Desde la óptica de la sostenibilidad, este es un modelo de gestión de residuos completamente obsoleto, diseñado para las dinámicas poblacionales de los años 80 y desconectado de las realidades globales.
Es un sistema lineal que ni reduce, ni recicla, ni reutiliza; convirtiendo nuestras avenidas principales, separadores viales y las esquinas de los barrios populares en botaderos satélites a cielo abierto.
En la planificación territorial sabemos que la basura no recogida aniquila la estructura ecológica principal, destruye nuestra competitividad turística y envía un mensaje psicológico de abandono institucional absoluto, materializando la «teoría de las ventanas rotas» en su máxima expresión.
A este desastre sanitario se suma el drama histórico del agua y el alcantarillado. El cacareado retorno de la ESSMAR a manos de la Alcaldía, tras años de intervención del orden nacional, se celebró con discursos en los despachos oficiales.
Pero para el ciudadano de a pie, el cambio de gerencia ha sido estadísticamente imperceptible. Las escorrentías de aguas servidas siguen inundando nuestras calles turísticas y residenciales, constituyendo una bomba de tiempo de salud pública.
A la par, la sequía perpetua en las llaves obliga a las comunidades a bloquear la Troncal del Caribe, impulsados por lo que la prensa ha catalogado acertadamente como «sed y rabia».
Los datos empíricos no mienten. Los recientes informes del programa Santa Marta Cómo Vamos respaldan el clamor de las calles: somos la ciudad capital de la Región Caribe con la peor cobertura de acueducto (apenas un 81%), y ostentamos una insatisfacción ciudadana frente al servicio que supera el alarmante 62%.
Durante el 2026, los ciudadanos aportaremos $54.500 millones por el Impuesto de Alumbrado Público. Pese a este recaudo multimillonario, vastos sectores de la ciudad —como Curinca, la Troncal del Caribe, El Parque y los barrios de la zona sur— permanecen a oscuras. Se está cobrando una tarifa tan onerosa por un servicio fantasma, que hoy tiene bajo la lupa a la Procuraduría General de la Nación (2026).
La literatura técnica en criminología ambiental y diseño urbano, específicamente los principios de Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (CPTED por sus siglas en inglés), demuestra que la falta de iluminación es el principal catalizador de la inseguridad.
Una ciudad oscura anula la vigilancia natural, fomentando el sicariato y el hurto a personas, que superó los 4.600 casos anuales, con tasas de 834 por cada 100 mil habitantes (Santa Marta Cómo Vamos, 2023). Construimos así un entorno hostil que expulsa a las mujeres, a los niños y a los jóvenes del espacio público, confinándolos al encierro y perpetuando ciclos de violencia basada en género.
De igual forma, la ineficiencia devora los recursos destinados a la movilidad. La Sobretasa a la Gasolina tiene un recaudo esperado de $23.320 millones, un tributo al consumo diseñado técnicamente por la ley para financiar el mantenimiento, la rehabilitación de la malla vial y el Sistema Estratégico de Transporte (SETP).
No obstante, la malla vial presenta un estado de obsolescencia tal que paraliza los flujos de la ciudad. Al observar los cráteres intocables que adornan arterias vitales como la Avenida del Libertador, la Vía Alterna o la Avenida del Río, es evidente que estos fondos sufren una desviación de prioridades o una ineficiencia administrativa alarmante, y ni de que hablar de los buses del sistema, la administración actual inauguro un bus eléctrico con bombos y platillos prometiendo que vendrían más, pero este único bus ya desapareció las calles y del sistema de transporte.
Con andenes inexistentes o intransitables que actúan como trampas mortales para personas con movilidad reducida, adultos mayores o madres con coches de bebé, fomentamos un caos motorizado donde el 50% del parque automotor son motocicletas. Este es el caldo de cultivo que nos posiciona en el puesto 11 entre las 23 principales ciudades del país con mayor tasa de muertes por accidentes de tránsito (Santa Marta Cómo Vamos, 2025).
Es aquí donde la praxis de la actual administración requiere un giro de timón urgente. Vemos inversiones en pauta publicitaria para inaugurar pequeños proyectos de reparcheo o la pavimentación aislada de cuadras. Desde el rigor de la academia, a esta práctica la denominamos urbanismo de maquillaje.
Es la táctica de ejecutar obras rápidas, superficiales y carentes de integralidad técnica para mantener una ilusión óptica de gestión. Tirar una delgada capa de asfalto sin resolver previamente los sistemas de drenaje pluvial (garantizando que la calle se destruya en el próximo aguacero), sin soterrar el cableado aéreo, sin diseñar andenes inclusivos y sin un plan de arborización para mitigar la isla de calor urbano, no es hacer ciudad; es aplicar un paño de agua tibia a un paciente en cuidados intensivos.
Peor aún, y esto es lo más preocupante para nuestro futuro a mediano plazo, adolecemos de una visión estructurante de escala metropolitana.
Carecemos totalmente de megaproyectos que doten al territorio de un símbolo, un hito y una identidad urbana renovada; proyectos capaces de detonar la economía de servicio, atraer la inversión inmobiliaria y empresarial y reorganizar la morfología de la ciudad hacia el turismo o lo que decidamos ser.
El contraste regional es doloroso, mientras nuestras ciudades vecinas planifican y ejecutan a un ritmo vertiginoso —Montería consolida su visión verde con el Parque Las Lagunas; Riohacha inaugura su nuevo sistema de transporte; Valledupar dignifica el tejido social con sus nuevos parques urbanos; y Barranquilla se reinventa a escala global con el Ecoparque Mallorquín, el Gran Malecón del Río y el nuevo megaproyecto de integración en Bocas de Ceniza—, a los samarios se nos exige aplaudir la tapada de un hueco.
No existe en Santa Marta, hoy por hoy, un solo proyecto a escala de ciudad. Iniciativas que transformarían nuestra vocación de cara al mar, como la conversión de Playa Lipe en un gran parque público metropolitano, la construcción de nuevos escenarios deportivos modernos para nuestros jóvenes, o la prolongación del Camellón de la Bahía hacia el sector de Los Cocos, brillan por su absoluta ausencia.
Ni hablar de los proyectos estratégicos de movilidad e integración territorial contemplados en nuestro propio Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como el tren de cercanías o la red de teleféricos para las laderas; instrumentos de planeación que permanecen archivados y olvidados. Se acabara esta administración y la tan prometida recuperación integral del Centro Histórico y la urgente revitalización de sus edificios emblemáticos, sencillamente, nunca comenzó.
La consecuencia sociológica más dolorosa y silenciosa de este descalabro en la planeación es la mallificación de la vida social. Ante la carencia de megaproyectos de impacto, parques abandonados y andenes intransitables, los únicos lugares percibidos como seguros, limpios y climatizados son de carácter estrictamente privado. La ciudad, por inacción de sus gobernantes, ha privatizado el derecho al ocio. El encuentro ciudadano se limitó a los centros comerciales y a los gimnasios de cadena para quienes tienen el poder adquisitivo de pagarlos, arrebatándole a las clases trabajadoras y de salario mínimo el disfrute democrático de un espacio público digno, gratuito y seguro.
Pero la paciencia ciudadana, al igual que nuestra infraestructura, tiene un límite técnico y moral. El quinto centenario de la ciudad más antigua de Colombia no puede, bajo ninguna circunstancia, ser una simple fiesta de relaciones públicas montada sobre las ruinas de nuestro espacio público. Se invita a celebrar en medio de la basura, la oscuridad, el desabastecimiento crónico de agua y las calles destrozadas. Como experto en los temas de ciudad, extiendo una invitación respetuosa, pero firme, a la administración distrital: es hora de despertar, de abandonar la improvisación y de ejecutar los recursos con verdadera eficiencia, visión a largo plazo y calidad técnica.
El dinero está sobre la mesa. Esos 1.7 billones de pesos del presupuesto 2026 no son una concesión de la Alcaldía; son el patrimonio de todos nosotros. Es nuestro deber ciudadano, ético e irrenunciable, sacudirnos la apatía, ejercer una veeduría técnica implacable y apropiarnos de lo público. Debemos vigilar cada contrato, participar en las instancias de decisión y exigir que cada obra se estructure con rigor, se ejecute con celeridad y se entregue a cabalidad.
Ya pasaron 500 años de soledad y seguimos diagnosticando carencias básicas del siglo XIX. Dejo entonces una pregunta ineludible para la reflexión profunda y la exigencia ciudadana: Si la plata está garantizada y los samarios pagamos nuestros impuestos, ¿por qué no se ven reflejados en el territorio? ¿Estamos ante una profunda miopía e incapacidad administrativa para ejecutar proyectos, o es que nuestros recursos se están fugando silenciosamente a través de la corrupción y los contratos inflados?
Podríamos seguir debatiendo de teoría urbana, pero debemos ir a recoger agua para mañana.
