víctimas del conflicto armado

Por increíble que parezca, la Unidad de Restitución de Tierras está siendo señalada por campesinos, de desalojarlos de sus tierras.

Con una voz inundada en llanto, una niña de ocho años pide a la justicia que le preste atención a su mamá, luego que le dijeran que debe desalojar su casa.

Los encargados de notificarla, fueron funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, que llegaron hasta la vereda Mata de Guineo, en San Ángel, Magdalena.

En el territorio, se adelantan acciones de restitución de tierras a víctimas. Pero en este caso, los desalojados no son terratenientes ni hombres de la guerra.

Son una ama de casa, un profesor y sus tres hijos, que compraron legalmente la propiedad hace 27 años y que de la noche a la mañana, se les ordenó desalojar.

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TAMBIÉN SON VÍCTIMAS

Lizeth Silva Avendaño es el rostro de este drama. Cuenta, que en 2017 se le notificó que la pequeña finca en la que vive, está en proceso de restitución.

Su antiguo dueño, identificándose como víctima del conflicto armado, argumentó que la vendió debido a la presión por la presencia de las guerrillas en la zona.

El comprador, fue el padre de Manuel Barrios Marriaga, esposo de Lizeth. Allí, con mucho esfuerzo, construyeron su casa y compraron sus primeras reces de cría.

En 1999 tuvieron que mudarse para Santa Marta, debido a las acciones violentas de los paramilitares. Volvieron un año después, esperanzados, pero con miedo.

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REVISIÓN DEL CASO

A finales de 2018, funcionarios de la Unidad de Restitución les dijeron que debían desalojar, ya que el Estado le devolvió la propiedad al reclamante y antiguo dueño.

Iniciaron entonces un proceso judicial, en el que buscaba que se le ampararan sus derechos, pues tenían los documentos que acreditaban la compra legal del predio.

Con tres menores, no tienen otra casa en la que albergarse y es este su único hogar. El abogado de oficio no los ayudó, buscaron otro abogado y los estafó.

Al igual que la familia de Lizeth, son otras 15 familias en la misma situación. Por medios propios lograron que una magistrada los escuchara y pidiera una revisión.

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¿Y SUS DERECHOS?

Dadas las condiciones del caso, hace algunas semanas las autoridades iniciaron un proceso de caracterización de las personas que pretenden desalojar.

Sólo piden, que se les respete sus derechos y en caso de que se ratifique su desalojo, se les de una vivienda digna. Pues el reclamante tendría otros predios.

Ellos en cambio no tienen para dónde irse. En sus palabras, es como si el Estado reparara a unas víctimas desplazando a otras. Pero aún no han sido escuchados.

Hace algunas semanas, les notificaron que aún por la fuerza, harían el desalojo. Aún no acaba la revisión de su caso, pero ahora viven con la angustia del desamparo.

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