Falta de una política pública alimentaria y alto déficit de profesionales de la educación, son algunas de las falencias identificadas por la Defensoría.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, estuvo de visita en Santa Marta, en el marco de un minucioso análisis que le vienen haciendo al ‘Plan de Desarrollo del Distrito de Santa Marta, Corazón del Cambio 2020-2023′.
Según el informe de la entidad encontró serias falencias en la implementación y desarrollo de políticas públicas que garanticen los derechos a la alimentación, educación y vivienda digna.
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En primer lugar, estableció que el Distrito de Santa Marta tiene una ausencia en el conocimiento y la articulación del tema alimentario en las distintas dependencias. Por lo que no hay un cumplimiento de las políticas alimentarias.
Tampoco fue visibilizado el seguimiento, desde el nivel distrital, de la gestión y los resultados logrados, que permitiera medir los avances o retrocesos en el ejercicio de desarrollo de las acciones emprendidas con lo relacionado al derecho a la alimentación.
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EN MATERIA DE EDUCACIÓN
Alrededor de 110.00 estudiantes fueron matriculados en el 2022, mientras que, en el 2021, cerca de 115.000. Lo que representa una tasa de deserción interanual del 3,74%.
La Defensoría aseguró que un total de 22 establecimientos educativos requieren intervención en infraestructura debido al deterioro del cielo raso.
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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito solamente alcanza una cobertura del 61,5%. Es fundamental impulsar y fortalecer espacios de participación de la comunidad para que le haga seguimiento y monitoreo al PAE.
Hay déficit de 400 profesionales de la educación, entre coordinadores, docentes de aula y docentes orientadores en las instituciones educativas del Distrito.
VIVIENDA DIGNA
Por otro lado, el déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad, según la Alcaldía de Santa Marta, es del 13,4%, significa ello que está por encima del promedio nacional (ubicado en el 12,37%).
La Defensoría, así mismo, evidenció la ausencia de una política pública habitacional que le apunte a disminuir el déficit tanto cuantitativo como cualitativo en la capital y el departamento.
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No existe un censo poblacional actualizado para identificar el número de hogares que se encuentran en los dos déficits relacionados, lo cual no les facilita a las entidades competentes tomar decisiones sobre política pública habitacional.
“Es crucial la adopción de medidas relacionadas con una política pública robustecida, presupuestales, legislativas, entre otras. Por eso, urge el concurso del Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y su Secretaría de Planeación”, puntualizó Camargo.
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