Desde septiembre de 2017, un equipo visitador de la Superintendencia Nacional de Salud le imputó al ex alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar; 75 hallazgos relacionados con violaciones al marco normativo que rige la prestación del servicio de salud.
Un informe final de auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud volvió a revivir el tema de la demolición de cinco puestos de salud en Santa Marta.
Los documentos, desconocidos hasta el momento por la opinión pública, fueron liberados por la entidad y dejan claro la posible comisión de múltiples delitos.
Investigadores de Supersalud dicen que Carlos Caicedo es responsable.
Los investigadores: Nelson Joaquín Malaver, Pilar Hortensia Ramírez, Ronaldo Quintero Polanco y Cindy Jhoana Fragoso; inculpan a Carlos Eduardo Caicedo.
Los miembros del equipo visitador le atribuyen al ex alcalde de Santa Marta responsabilidad administrativa, operacional, técnica, contable y financiera.
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LAS IRREGULARIDADES
En 219 páginas, el informe de la Superintendencia de Salud considera que ha habido muchas falencias en las infraestructuras de los centros de atención.
Subraya que la demolición y posterior inconclusión de los puestos de salud, no ha contado con el cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos.
Informe de Superintendencia de Salud denuncia 75 situaciones irregulares.
Advierten los auditores que la decisión de devastar la infraestructura asistencial fue completamente precipitada, sin planeación y atentatoria contra el servicio.
Resalta la Superintendencia que, en consecuencia, se produjo una disminución de la producción de servicios que golpeó la sostenibilidad de la salud local.
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¡FUERA ABAJO!
El informe final de auditoria recuerda con precisión, que fue entre octubre de 2014 y enero de 2015, que se echaron a tierra los cinco puestos de salud.
La administración y sostenimiento de estos estaba a cargo de la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend de la ciudad de Santa Marta.
Posibles delitos cometidos: daño patrimonial y violación a requisitos legales.
Narra el escrito que fue tan nociva la cura como la enfermedad, dado que, al no haber un plan de contingencia, se limitó el acceso de la comunidad al servicio.
Las infraestructuras derribadas fueron: Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. A la fecha, ninguna de estas estructuras ha sido terminada.
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VIOLACIÓN NORMATIVA
Recuerda el equipo de la Supersalud que todo proyecto de construcción hospitalaria debe tener concepto técnico favorable del Ministerio de Salud.
En su pesquisa, los auditores precisaron que Carlos Eduardo Caicedo Omar y el gerente de la ‘Alejandro Próspero’ de entonces, violaron la ley con flagrancia.
Los centros de salud fueron demolidos y aún permanecen sin construir.
Dicho trámite no fue llevado a cabo por ninguno de ellos por lo tanto demolieron y contrataron la construcción sin el lleno de los requisitos legales.
Tres de los conceptos técnicos fueron emitidos por el Ministerio de Salud, solo tres años después de iniciadas las obras, lo que constituye daño patrimonial.
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