A pesar de amenazas y una respuesta estatal insuficiente, líderes sociales en Santa Marta, como Otto Serge Ariza, continúan su labor.
La defensa de los derechos humanos en Colombia ha sido una actividad de alto riesgo, especialmente para los líderes sociales que desafían el narcotráfico y el crimen organizado. En el caso de Otto Enrique Serge Ariza, un líder social de Santa Marta, su vida ha sido marcada por siete amenazas de muerte en los últimos cuatro años. Esta situación se agrava en un país donde la defensa comunitaria, especialmente en zonas con presencia de actores armados ilegales, se enfrenta a condiciones de vulnerabilidad extrema y una protección institucional insuficiente.
Un panorama marcado por la violencia
Colombia atraviesa una crisis en derechos humanos que afecta a los líderes sociales en diversas regiones. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, hasta mediados de 2024, al menos 87 líderes sociales han sido asesinados, con Magdalena, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia entre los departamentos más afectados. Estos asesinatos evidencian la falta de garantías para quienes luchan por los derechos en sus comunidades. Independientemente de las cifras, el impacto psicológico, familiar y social de esta violencia genera una erosión en el tejido social y paraliza procesos de desarrollo local.
Desafíos en Santa Marta: contexto y causas
Santa Marta, ubicada en el departamento de Magdalena, se ha convertido en un territorio de conflicto por su cercanía con zonas de alta actividad de narcotráfico y presencia de grupos armados. En este contexto, Otto Enrique Serge Ariza ha defendido a su comunidad en el barrio 17 de diciembre, donde su trabajo para combatir el microtráfico ha hecho que su vida y la de su familia queden expuestas a constantes amenazas. La última intimidación fue hace solo dos semanas, evidenciando la latente amenaza que enfrentan aquellos que se oponen al control de estos grupos en barrios vulnerables.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para garantizar su protección y la de su familia, quienes han debido abandonar su hogar para reducir los riesgos. Según informes de Indepaz, desde inicios del año, cerca de 100 líderes han perdido la vida, lo que confirma un incremento en la persecución de quienes intentan fortalecer sus comunidades mediante la construcción de paz y justicia social.
Vacío de protección y sentimiento de abandono de Otto Serge
A pesar de las denuncias y medidas parciales de protección, los líderes sociales como Otto Enrique Serge Ariza se sienten desamparados. Las garantías de protección que otorga el Estado no son suficientes para evitar el constante hostigamiento que enfrentan. Serge, como otros líderes, ha reportado la situación ante las autoridades locales, pero la falta de un respaldo efectivo de la administración y la policía local acentúa la sensación de abandono. La inseguridad limita su visibilidad pública, lo que también disminuye la efectividad de su liderazgo.
Organizaciones de derechos humanos han señalado repetidamente la falta de una estrategia integral de protección y el incumplimiento de las promesas del gobierno. A nivel nacional, se han implementado programas y recursos destinados a mejorar la seguridad de líderes y activistas, sin embargo, estos esfuerzos no han logrado detener la violencia y las amenazas. Los recursos son limitados y se distribuyen de manera desigual, dejando a muchos líderes sin un respaldo efectivo.
Impacto de la violencia en las comunidades
Las amenazas que enfrenta Otto Enrique Serge Ariza no solo afectan su vida y la de su familia, sino que generan un clima de inseguridad en toda su comunidad. Esta situación, que se extiende a muchas zonas de Colombia, impide el desarrollo de proyectos comunitarios y de iniciativas que buscan mejorar la convivencia y la justicia social. El miedo generado por la violencia debilita el tejido social, hace que la comunidad pierda confianza en el sistema de justicia y limita la participación ciudadana en procesos de transformación social.
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