El Distrito toma una decisión preventiva clave frente a la temporada de lluvias: declara la calamidad pública y previene el riesgo.
La declaratoria de calamidad pública en Santa Marta no surge de un capricho ni de una emergencia puntual. Se trata de una decisión tomada con base en análisis técnicos, pronósticos del clima y experiencias pasadas que han demostrado cuán vulnerable es la ciudad ante eventos naturales extremos.
Fue el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres el que, por unanimidad, decretó esta medida como una herramienta legal para enfrentar lo que se avecina: una temporada de lluvias más intensa de lo normal que podría generar inundaciones, graduales y desabastecimiento de agua en diversos sectores del Distrito.
Este tipo de declaratorias le permiten a la administración acelerar procesos burocráticos, disponer de recursos de forma más ágil y coordinar esfuerzos entre diferentes entidades para actuar antes, durante y después de una emergencia.
La idea no es reaccionar, sino anticiparse. El objetivo principal: salvar vidas, proteger bienes y reducir el impacto económico y social que pueden traer las lluvias.
Las proyecciones del IDEAM son claras: las precipitaciones en la región Caribe —y especialmente en Santa Marta— podrían aumentar hasta un 20% con respecto al promedio histórico.
Esto, combinado con el estado actual de las infraestructuras hidráulicas y la situación crítica del Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta, enciende las alarmas de las autoridades.
A eso se suma un contexto urbano más complejo: asentamientos en zonas de alto riesgo, construcciones informales en laderas, invasiones cercanas a ríos y quebradas, y un sistema de drenaje insuficiente para soportar lluvias prolongadas.
¿Qué significa declarar la Calamidad Pública?
El término “calamidad Pública” puede sonar alarmante —y lo es—, pero también es una figura legal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que permite activar mecanismos extraordinarios de respuesta ante una situación que pone en peligro a la población. En este caso, el Distrito la utiliza de forma anticipada para prevenir, no para lamentar.
Esto le permitirá a la Alcaldía, por ejemplo, contratar obras sin necesidad de procesos licitatorios largos, usar recursos de manera directa para la mitigación de riesgos, y coordinar acciones más efectivas con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ejército, la Policía, Defensa Civil, Bomberos, y por supuesto, con empresas públicas y privadas.
Ya se anunció que se utilizará el Banco de Maquinaria Amarilla para intervenir puntos críticos: ríos y quebradas con sedimentación acumulada, zonas de desbordamiento frecuente y faldas de cerros con alto riesgo de graduales. Equipos como retroexcavadoras, volquetas y cisternas estarán activos en las próximas semanas para mejorar la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas y reforzar taludes inestables.
El trabajo será tanto técnico como social. Además de las obras físicas, la Alcaldía liderará campañas de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención del riesgo: qué hacer en caso de emergencia, cómo prepararse en casa, y cómo reportar puntos críticos o nuevas amenazas. La participación comunitaria será clave para que estas medidas no queden solo en lo institucional.
Otro punto alarmante tiene que ver con el desabastecimiento de agua. La Empresa de Servicios Públicos (Essmar) reportó una situación crítica por la baja disponibilidad en los sistemas de almacenamiento y por el uso ilegal del recurso.
Muchas zonas de la ciudad se enfrentan a cortes constantes o presión insuficiente en el servicio. En plena temporada de lluvias esto puede parecer una paradoja, pero no lo es: mientras unos barrios se inundan, otros no tienen una gota para beber o cocinar.
Para enfrentar esta situación, la Alcaldía gestiona con diferentes actores públicos y privados el envío de carrotanques, la adecuación de tanques de almacenamiento comunitario y el reforzamiento del monitoreo en las zonas donde se han detectado más conexiones ilegales.
Esta realidad pone sobre la mesa otro problema de fondo: Santa Marta sigue dependiendo de un sistema hídrico frágil y disperso, sin una solución estructural que garantiza el acceso al agua potable para todos. La declaratoria de calamidad pública, aunque necesaria, también es un llamado de atención sobre lo mucho que falta por hacer en planificación urbana, infraestructura básica y protección del medio ambiente.
Prevenir es la única opción viable
Santa Marta vive entre extremos: el calor sofocante de temporadas secas que deja a barrios enteros sin agua y las lluvias torrenciales que provocan desastres, pérdidas materiales y, en ocasiones, muertes. Esa dualidad climática, intensificada por el cambio climático, exige gobiernos preparados, ciudadanos informados y una gestión del riesgo que no dependa de improvisaciones.
Esta declaratoria debe ser vista como una oportunidad: la de actuar con responsabilidad antes de que llegue la emergencia. Cada centímetro de lodo removido de un canal, cada talud estabilizado, cada mensaje preventivo emitido a tiempo puede marcar la diferencia entre una ciudad colapsada y una ciudad resiliente.
Porque más allá de la maquinaria, las estrategias o las reuniones de comité, lo que está en juego es la vida de los samarios. Y en una ciudad donde el clima no perdona, prevenir ya no es una opción: es la única salida.
VER:Declaran calamidad pública por emergencia en la EBAR Norte
Durante la mañana #PronósticoIdeam se han presentado 🌧️ lluvias en Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, ☔️ Cundinamarca, Santander, Arauca, Boyacá y Norte de Santander.
— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) April 24, 2025
☀️Por el contrario tiempo seco en la región Caribe, Pacífica, gran parte de la Orinoquía y Amazonia. pic.twitter.com/Am446pBJx7
