Un disparo que no se concretó salvó a la diputada Margarita Guerra, pero el mensaje fue claro: la violencia electoral sigue viva.
A Margarita Guerra Zúñiga, no la salvó un esquema de seguridad ni una reacción de película de su escolta, la diputada del Magdalena, elegida por el movimiento Fuerza Ciudadana, estuvo a punto de morir el pasado 14 de marzo cuando hombres armados la interceptaron en plena Avenida del Libertador en Santa Marta, mientras viajaba con su hermano y su sobrina.
La moto apareció al lado del carro, uno de los hombres lanzó un panfleto, una bala y flores, y cuando intentó disparar, el arma se le atascó, eso fue lo único que la separó de convertirse en una estadística más en los registros de Violencia Política en Colombia.
El atentado fue incluido como uno de los 12 casos de intento de homicidio documentados en el primer informe de Violencia Político-Electoral de 2025, elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Este informe, que abarca desde el 8 de marzo hasta el 31 de mayo, forma parte de los registros amplificados por la iniciativa Colombia+20 de El Espectador, dedicada a analizar los avances (y retrocesos) del país en tiempos de posacuerdo, pues bien, según el documento, en esos tres meses se registraron 57 víctimas en 43 hechos violentos, un promedio de un hecho de violencia cada dos días, el documento indica a Margarita Guerra, como la única víctima reportada en el Magdalena.
El caso no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca las dinámicas de riesgo en la política local, pues, si se analiza la amenaza, esta fue directa: “Naranja sapa HP te quitas o te quitamos”, mensaje que fue arrojado a su vehículo. Más que un intento de silenciarla, fue una advertencia pública de que hay actores en el territorio dispuestos a usar la violencia para definir quién participa en política.
Violencia que no da tregua en las regiones
En su análisis, Pares y la iniciativa Colombia+20 de El Espectador advierten que esta forma de violencia no siempre está conectada con el conflicto armado tradicional, sino que muchas veces nace de disputas locales por el poder, alianzas clientelistas o corrupción dentro de los mismos movimientos políticos, a eso se suma la fragilidad del Estado en ciertas regiones, donde la seguridad es más promesa que garantía.
Hay que señalar que, aunque no aparece en el informe, la diputada Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, también ha sido blanco de amenazas reiteradas. Recibió panfletos con balas, incluso uno con un mensaje macabro que le deseaba una “última Navidad”. Su situación refuerza el mismo patrón que vive Guerra Zúñiga: mujeres líderes, visibles, críticas, que enfrentan riesgos reales por hacer política en voz alta.
El eco nacional del atentado a Miguel Uribe
Pocos meses después del ataque a Margarita Guerra, la violencia política tocó a una figura nacional: Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, fue atacado a tiros durante un acto público en Bogotá, el 7 de junio.
Recibió disparos en la cabeza y el muslo, y aunque sobrevivió, su pronóstico médico sigue siendo reservado. El atentado generó una oleada de reacciones institucionales, compromisos de seguridad y condenas desde todos los sectores.
El informe de Pares y la iniciativa Colombia+20 de El Espectador menciona este hecho como uno de los episodios más graves del periodo, pero también lo usa para advertir que los ataques no están ocurriendo solo en la periferia. El caso de Uribe Turbay evidencia que la polarización y la violencia electoral han alcanzado ya la esfera nacional.
Aun así, hay una diferencia: mientras el caso del senador provocó una respuesta inmediata del Estado y los medios, el de Margarita Guerra Zúñiga, reseñados en informes, no se conocen avances concretos en la investigación.
Este contraste no es menor. Como lo expone Pares y la iniciativa Colombia+20 de El Espectador, la gran mayoría de atentados en los territorios quedan atrapados en el olvido, especialmente cuando sus víctimas no pertenecen a las élites nacionales.
Es una violencia que no genera titulares duraderos, pero sí consecuencias permanentes: autocensura, miedo, renuncias y, en muchos casos, el retiro forzado de la vida pública.
Una alerta roja para lo que viene
El informe de Pares y la iniciativa Colombia+20 de El Espectador, con su característico enfoque territorial, ofrece una advertencia clara: si en apenas tres meses ya hay 57 víctimas de violencia político-electoral —entre ellas 12 atentados y 4 asesinatos—, lo que puede venir en los próximos meses, a medida que se acerquen las elecciones de 2026, puede ser aún más grave.
Además, la mayoría de estos hechos no tienen autores conocidos. En el 79 % de los casos no se sabe quién fue el responsable, eso es justamente lo que los hace tan efectivos: cuando la amenaza no tiene rostro, el miedo se expande sin límite. Cuando no hay responsables, no hay justicia, y sin justicia no hay garantías para nadie.
El caso de Margarita Guerra Zúñiga, documentado por Pares y la iniciativa Colombia+20 de El Espectador, no es solo una cifra. Es una advertencia de que hacer política en Colombia —sobre todo desde las regiones— sigue siendo un acto de valor. El Magdalena no es ajeno a estas dinámicas; es parte de ese país profundo donde la democracia aún depende de si un arma se encasquilla o no.
Mientras lideresas como Margarita Guerra Zúñiga siguen en pie, enfrentando amenazas con más convicción que protección, el país parece dormido ante una realidad que ya no se puede ignorar, aunque el atentado a Miguel Uribe Turbay agitó las alarmas nacionales, la violencia política no empezó allí ni terminará si solo se protege a los de arriba, en las regiones también se hace democracia, y también se mata por ella.
VER: Coaliciones, Grupos Significativos, la nueva ola de alcaldes del Magdalena
