Un activista llevó el caso ante la justicia para exigir al Gobierno claridad sobre las conversaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en medio de un contexto de violencia que no cede en la región.
La acción de tutela presentada por el activista Miguel Pacheco, puso nuevamente sobre la mesa el debate por los diálogos de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, esta vez con un recurso judicial que busca obligar al Gobierno del presidente Gustavo Petro a responder con claridad sobre el estado de las conversaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como ACSN, en un escenario donde la incertidumbre sigue marcando la discusión.
Una tutela que exige respuestas de fondo
El recurso fue interpuesto luego de que el activista considerara insuficiente la respuesta entregada por la oficina del Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño Hormaza, a un derecho de petición previo, según lo expuesto, la contestación no explicó de manera concreta si los acercamientos con este grupo armado siguen vigentes, si fueron suspendidos o si el Gobierno decidió cerrarlos definitivamente, una ambigüedad que, a su juicio, impide entender el rumbo de la política de paz en esta zona del país.
La tutela plantea la necesidad de un pronunciamiento de fondo, no solo para conocer el estado real de los diálogos, también para que se evalúe la posibilidad de reactivarlos, bajo el argumento de que el diálogo sigue siendo una alternativa frente a la persistencia de enfrentamientos en territorios de la Sierra Nevada, especialmente en zonas de Magdalena y La Guajira, donde las comunidades continúan expuestas a escenarios de riesgo.
El contexto de los diálogos en la Sierra Nevada
El caso se da en medio de señales contradictorias sobre el futuro de las conversaciones con las ACSN, en algunos momentos el Gobierno ha dejado entrever que no existen condiciones para avanzar, mientras que en otros no ha cerrado del todo la puerta, por su parte, el grupo armado ha manifestado en distintas ocasiones su disposición a dialogar, lo que mantiene abierto el debate en sectores sociales que ven en estos procesos una posibilidad de reducción de la violencia.
En la Sierra Nevada, la situación de orden público sigue siendo compleja, con reportes de enfrentamientos y tensiones entre actores armados, lo que ha generado preocupación en comunidades rurales e indígenas que habitan este territorio, en ese escenario, la falta de claridad institucional sobre los diálogos alimenta la incertidumbre y deja sin una hoja de ruta definida a quienes viven en estas zonas.
Lo que está en juego con la decisión judicial
La tutela no solo busca una respuesta puntual, también pone en discusión el alcance del derecho de petición en temas sensibles como los procesos de paz, ya que obliga a las entidades del Estado a responder con claridad, precisión y de manera completa cuando se trata de asuntos que tienen impacto directo en la seguridad y la estabilidad territorial.
La decisión que adopte el juez podría marcar un precedente sobre el nivel de información que debe entregar el Gobierno en este tipo de procesos, especialmente cuando existen expectativas de diálogo en regiones afectadas por el conflicto armado, además, podría incidir en la forma en que se comunican las decisiones relacionadas con la política de paz.
Por ahora no hay una decisión judicial, pero la tutela ya logró algo concreto, volvió a poner en el centro una discusión que venía perdiendo fuerza, obligó a que el tema deje de moverse en respuestas ambiguas y pase a un escenario donde el Gobierno tendrá que fijar una posición clara, en una región donde las comunidades siguen esperando señales reales sobre el rumbo de la paz y donde cada definición, o la falta de ella, termina teniendo efectos directos en el día a día de la Sierra Nevada.
