El Gobierno Nacional blinda a la mandataria tras revelarse amenazas directas contra su vida. Una recompensa de 1.000 millones de pesos busca quebrar el silencio del crimen organizado que intenta asfixiar la gestión departamental.
La seguridad en el departamento del Magdalena ha escalado a una prioridad de orden nacional tras la confirmación de amenazas directas contra la gobernadora Margarita Guerra Zúñiga. Durante un Consejo de Seguridad, se reveló que la mandataria está siendo objeto de presiones por parte de estructuras criminales que operan en la región, lo que ha generado una respuesta inmediata y contundente por parte del Gobierno Nacional y la cúpula de la Fuerza Pública.
La gobernadora Guerra Zúñiga, manteniendo su rigor como profesional del derecho, fue enfática al confirmar la situación y señalar que los ataques provienen de sectores que se han sentido afectados por sus gestiones institucionales. “Simplemente sí, tengo que decirlo. Las denuncias en su respectivo momento serán instauradas. Digamos que, como abogada, uno debe tener también ciertas pruebas cuando uno va a denunciar a una persona de manera directa”, manifestó la mandataria, subrayando que no se trata de señalamientos ligeros, sino de un proceso jurídico en construcción.
Según la información suministrada por la gobernante, las amenazas se originan en dos vertientes conectadas a un mismo grupo organizado. La primera surgió a raíz de las cifras y datos presentados en las Comisiones de Seguimiento Electoral, mientras que la segunda proviene de círculos cercanos bajo la influencia de la misma estructura delictiva. “Prefiero no entrar a ahondar en el tema hasta tanto no se esclarezca la situación”, puntualizó la mandataria al referirse a la gravedad de los hechos que hoy rodean su integridad y la de su equipo de trabajo.
Ante la gravedad de estas declaraciones, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, intervino para ratificar que la administración departamental cuenta con el respaldo irrestricto de la Nación. El mensaje del Ejecutivo fue claro en cuanto a que no se permitirá que el crimen organizado condicione la gobernabilidad en el Magdalena. La respuesta del Estado no es solo presencial, sino que incluye medidas de inteligencia financiera y recompensas para desarticular cualquier plan contra la funcionaria.
“Quiero agregar que la gobernadora no está sola. Tiene a toda la Fuerza Pública, a todo el Estado colombiano para protegerla”, afirmó el Ministro Sánchez, quien además lanzó una cifra contundente para incentivar la colaboración ciudadana que permita desmantelar estas estructuras. Según el jefe de la cartera de Defensa, se ofrecen hasta 1.000 millones de pesos a quien brinde información que permita “neutralizar efectivamente cualquier amenaza contra un líder o contra sus familias”.
Este despliegue de seguridad y la millonaria recompensa marcan un precedente en la lucha contra la criminalidad en el norte del país. El enfoque del Gobierno Nacional es cerrar filas en torno a la figura de la Gobernadora, enviando un mensaje directo a los grupos armados: cualquier atentado contra la institucionalidad del Magdalena será respondido con toda la capacidad operativa del Estado. Por ahora, el esquema de seguridad de la mandataria ha sido reforzado mientras avanzan las investigaciones para judicializar a los responsables de estas intimidaciones.
Esta situación cobra una relevancia humana crítica, ya que se ha conocido que las amenazas no solo se dirigen hacia la figura política, sino que involucran directamente a su núcleo familiar. Cabe recordar que la gobernadora es madre de dos niñas, un factor que eleva la urgencia de las medidas preventivas adoptadas por el Estado.
Informes de inteligencia apuntan a que los responsables de estas intimidaciones serían estructuras vinculadas al Clan del Golfo, las cuales estarían operando y asentadas estratégicamente en el corredor vial y fluvial que conecta a Sitionuevo con la ciudad de Barranquilla. Las autoridades ya adelantan operaciones especiales en esta zona para blindar a la mandataria y capturar a los responsables de este asedio criminal.
