La captura se llevó a cabo en un reconocido billar de un corregimiento de Santa Marta, mediante orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación.
En un operativo desarrollado por un grupo especial de la Policía Metropolitana de Santa Marta en coordinación con la Fiscalía Nacional se capturó a alias “Charalo” a quien las autoridades señalan como cabecilla de finanzas de esta organización.
El operativo se produjo mediante una orden de registro y allanamiento en un billar conocido como Don Cristo en el corregimiento de Bonda, lugar al que llegaron agentes del Gaula de la Policía en el Magdalena gracias a información suministrada por cooperantes.
Los colaboradores de la Policía dieron aviso de la ubicación del presunto delincuente a quién le notificaron orden de captura pendiente por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, así como también desplazamiento forzado y homicidio.
Frente a esta captura el Coronel Yeison Ramos jefe de operaciones del Gaula de la Policía explicó que alias “Charalo” notificado como Rafael Noreña se le conoce como el «azote» de los comerciantes del mercado público y tenía una trayectoria criminal de 4 años en este grupo delincuencial.
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UN LARGO ACTUAR DELICTIVO
El Coronel César Augusto Martínez Páez Director Nacional del Gaula Militar señaló que “Charalo” es señalado del desplazamiento de una familia de 50 personas en el sector de Playa Salguero en Santa Marta.
Producto de las extorsiones que realizaba a comerciantes del mercado, transportadores propietarios de fincas y cafeteros de esta región recibía entre 30 y 40 millones mensuales debido a que exigía sumas que oscilaban entre 30 y un millón de pesos dependiendo de la víctima.
Además de encargarse de las extorsiones, el capturado articulaba la venta de estupefacientes y homicidios en todo el corregimiento de Bonda. Se le atribuye ser el responsable de la mayoría de los homicidios que han ocurrido en este sector rural la ciudad en los últimos tres años.
Finalmente, el capturado fue notificado de sus derechos y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta los calabozos de la URI a espera de ser presentado ante un juez quién definirá su situación judicial por los delitos que lo sindica.
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