La extorsión en Santa Marta afecta a empresas y consumidores. Autoridades toman medidas para restaurar seguridad.
Santa Marta atraviesa una crisis que expone la vulnerabilidad del tejido empresarial ante las extorsiones, un fenómeno que afecta a cadenas de distribución clave, como las de bebidas, generando desabastecimiento y temor. La respuesta institucional, aunque oportuna, plantea interrogantes sobre su eficacia y alcance.
Extorsión: Un problema estructural con raíces profundas
La extorsión en Santa Marta no es un fenómeno nuevo. Desde los años 90, cuando grupos armados ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consolidaron su presencia en el Caribe, la imposición de «impuestos» a empresarios ha sido una práctica recurrente. Aunque las desmovilizaciones de paramilitares a partir de 2003 redujeron temporalmente estas actividades, nuevas estructuras criminales ocuparon el vacío, diversificando sus fuentes de ingresos.
En la actualidad, organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han intensificado estas prácticas, aprovechando la debilidad institucional en algunas zonas. En Santa Marta, la combinación de urbanización descontrolada, pobreza y redes criminales facilita este tipo de delitos, especialmente en sectores vulnerables como el Mercado Público.
Impacto económico y social: La cadena rota
El sector de bebidas, representado por empresas como Coca-Cola, Bavaria y Postobón, es un pilar económico en Santa Marta. Genera empleos directos e indirectos, y su correcta operación garantiza la oferta de productos esenciales en tiendas y supermercados. Según datos proporcionados por la Cámara de Comercio, más de 3.500 pequeños comercios dependen de estas cadenas de distribución para abastecerse.
Sin embargo, las extorsiones han interrumpido este flujo, afectando a minoristas y consumidores. Comerciantes del Mercado Público reportan una caída del 40 % en sus ventas, mientras que en barrios como Bastidas y Pescaíto, los productos esenciales han aumentado su precio debido a la escasez.
La situación también agrava la desconfianza entre empresarios y autoridades. Algunos transportadores han suspendido sus rutas hacia zonas de alto riesgo, afectando la estabilidad económica de los pequeños negocios. Esto, a su vez, genera un efecto dominó que repercute en el empleo y en la calidad de vida de los habitantes.
Medidas anunciadas para combatir la extorsión en Santa Marta
La administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, ha adoptado medidas para la crisis de extorsión en Santa Marta. La Secretaría de Seguridad ha incrementado los operativos en zonas críticas y ha coordinado esfuerzos con el Gaula Militar para garantizar seguridad en las rutas de distribución.
Entre las acciones anunciadas, destacan:
1. Acompañamiento policial en sectores vulnerables para proteger las cadenas logísticas.
2. Incremento en labores de inteligencia para identificar y desarticular las estructuras criminales responsables.
3. Colaboración con la Fiscalía para judicializar a los responsables de las extorsiones.
4. Intervención del Gobierno Nacional, solicitando recursos adicionales y atención prioritaria.
A pesar de estas medidas, expertos en seguridad advierten que una respuesta puramente reactiva podría ser insuficiente. Según el Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana, en el 80 % de los casos de extorsión en el Caribe colombiano, las víctimas optan por pagar ante la falta de garantías de protección.
🚨 Medidas de Seguridad en Santa Marta 🚨
— Código Prensa (@CodigoPrensaSM) November 14, 2024
En las últimas horas, un video en redes muestra un camión de Coca Cola escoltado por seguridad privada. Este acompañamiento es parte de las acciones de la Mesa de Seguridad organizada por la Alcaldía de Santa Marta junto con la… pic.twitter.com/GfkL95MFrg
Paralelismos históricos: Lo que Santa Marta puede aprender
Esta no es la primera vez que la ciudad enfrenta una crisis de esta naturaleza. En 2011, un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército logró desmantelar una red de extorsionistas que operaba en la región. Sin embargo, la falta de seguimiento permitió que otras estructuras ocuparan su lugar.
En 2017, durante una intervención en la región Caribe, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó la importancia de combinar operativos de seguridad con programas sociales. Estas experiencias demuestran que la solución no radica únicamente en el uso de la fuerza, sino en abordar las causas estructurales del problema, como el desempleo y la exclusión social.
Proyecciones económicas: ¿Un futuro incierto?
De no controlarse la situación actual, Santa Marta podría enfrentar un debilitamiento significativo de su economía local. El Consejo Gremial del Magdalena advierte que, si las condiciones de seguridad no mejoran, las empresas podrían reubicar sus operaciones a regiones más estables, dejando a la ciudad en una posición desventajosa.
Además, la percepción de inseguridad afecta la inversión. Santa Marta, que ha logrado posicionarse como destino turístico y puerto estratégico, corre el riesgo de perder competitividad si no se toman medidas contundentes y sostenibles.
Una solución integral como imperativo
La extorsión en Santa Marta es un llamado de atención sobre los desafíos que enfrenta la ciudad en términos de seguridad y gobernabilidad. Aunque las medidas implementadas por la Alcaldía son un avance, la solución requiere una visión más amplia que integre políticas de prevención, inversión social y fortalecimiento de las instituciones.
La colaboración entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y el sector privado será crucial para garantizar un entorno estable para los empresarios y los ciudadanos. Sin una estrategia integral y sostenida, el impacto económico y social de esta crisis podría prolongarse, perpetuando las desigualdades y la inseguridad en la región.
VER: Aumentan recursos para combatir extorsión en Santa Marta
