En un fallo de 198 páginas, la Corte Suprema condenó a dos exgobernadores de Magdalena, por irregularidades en la construcción de una piscina olímpica.
Se trata de Omar Ricardo Diazgranados y Francisco José Infante quienes deberán pagar una millonaria suma por irregularidades relacionadas con contratos del departamento para la construcción de una piscina olímpica en Santa Marta, los cuales terminaron convertidos en obras inconclusas y abandonadas.
De acuerdo con la sentencia condenatoria, en el año 2007, siendo gobernador encargado del Magdalena, Francisco Infante tramitó el contrato 363 de 2007 con la empresa Unión Temporal Vala Ingeniería para la adecuación y reparación de la piscina olímpica José Benito Vives de Andreis de Santa Marta.
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Sin embargo, ese contrato fue suscrito sin que se cumplieran los requisitos legales, el 9 de noviembre de ese año, por un valor de $259.702.808. Es decir, se adelantó sin contar con una licencia de construcción, sin estudios, diseños y presupuesto, y con un fraccionamiento del contrato.
Explicó la Corte, que también se realizó sin hacer una licitación, incurrió en inconsistencias en el manejo de los anticipos y las obras ejecutadas finalmente no sirvieron. Lo poco que se construyó de la piscina olímpica terminó deteriorado y tuvo que ser demolido.
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CONDENA POR FRAUDE Y MULTA MILLONARIA
Tiempo después, Omar Diazgranados, quien asumió el cargo de gobernador del Magdalena (2008-2010) y enterado de las irregularidades en los contratos relacionados con la piscina olímpica, autorizó el cambio en el contrato y el desembolso de pagos por obras no realizadas, todo ello por un total de $340.211.850.
El exgobernador Diazgranados fue condenado como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Como resultado, enfrentará una pena 11 años, ocho meses y 21 días de prisión.
Y, además, deberá pagar una millonaria multa de $266.370.846 más 59.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También, fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante 142 meses y 9 días.
Por otro lado, Infante, fue condenado como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión. El pago de una multa equivalente a 56.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 63.4 meses.
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