La crisis financiera que enfrenta la comercializadora de energía Air-e ha llevado al Gobierno Nacional a evaluar una intervención inminente.
Este martes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas -Creg- emitió un concepto favorable para que la empresa, que atiende a más de cinco millones de usuarios en la región Caribe, sea intervenida.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó: «Es decisión de este Gobierno y responsabilidad nuestra garantizar la prestación del servicio», en un esfuerzo por evitar la paralización del suministro eléctrico.
La situación crítica de Air-e fue advertida al Gobierno en una carta enviada por la empresa el 9 de septiembre, en la que expusieron que los costos operativos se han vuelto «impagables».
Según la compañía, la combinación de altos precios de la energía en Bolsa, la falta de subsidios y la acumulación de una deuda de casi 1.8 billones de pesos hacen inviable continuar con sus operaciones.
Air-e: Advertencias previas y respuesta del Gobierno
La crisis no ha surgido de la noche a la mañana. Ya la empresa había advertido sobre sus problemas financieros al presidente Gustavo Petro en una reunión presencial a finales de agosto, y posteriormente en una carta enviada en septiembre.
La compañía solicitó medidas urgentes para evitar un colapso que afectaría gravemente a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
A pesar de estas advertencias, hasta el momento el Gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre si la intervención será una toma de posesión para administrar la empresa o si se optará por una liquidación total, que llevaría a su desaparición. Las autoridades, encabezadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, están evaluando ambas posibilidades.
Reacción de la Superintendencia y opciones en juego
Dagoberto Quiroga, jefe de la Superintendencia de Servicios Públicos, reconoció que se están analizando las opciones jurídicas para intervenir la compañía, tomando en cuenta no solo los problemas financieros de Air-e, sino también las quejas constantes de los usuarios y el lento avance de las inversiones prometidas. «No se trata solo de la situación interna de la empresa, sino de los reclamos de la comunidad que lleva semanas protestando en las calles», señaló.
La ley establece que la Superintendencia puede intervenir una compañía de electricidad cuando esta «no quiera o no pueda» prestar el servicio. En este caso, existen dos alternativas: una toma de posesión para administrar, que implicaría sanear la empresa y devolverla eventualmente a sus dueños; o una toma de posesión para liquidar, lo que significaría el fin de Air-e.
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— EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) September 10, 2024
"Hemos dado concepto favorable a la intervención de @Aire_Energia porque es decisión de este gobierno y responsabilidad nuestra, garantizar la prestación del servicio." : ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. pic.twitter.com/E4ivFxozum
Cortes de energía y falta de respuesta de las generadoras
En medio de la crisis, Air-e ha estado en el ojo del huracán por los cortes de electricidad en zonas donde el cobro de facturas es complicado, lo que ha generado un malestar creciente entre los usuarios. La compañía ha insistido en que los altos costos de la energía en Bolsa, que han alcanzado precios exorbitantes, hacen imposible continuar sin una intervención del Gobierno.
A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por mediar en la situación, de las 23 generadoras de energía que abastecen a Air-e, solo cuatro han respondido a la solicitud de renegociar los precios. Esta falta de cooperación ha exacerbado la crisis, dejando a la empresa sin opciones para continuar.
El futuro de Air-e sigue en el aire, mientras las autoridades avanzan en sus evaluaciones para decidir el destino de la compañía, cuyo colapso podría dejar a millones de personas sin servicio eléctrico en la región Caribe.
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