La Personería de Santa Marta también sancionó con suspensión a tres directivos del plantel por no reportar los hechos a las autoridades.
En un fallo de primera instancia que estremece a la comunidad educativa de Santa Marta, la Personería Distrital destituyó e inhabilitó por 20 años al docente Emmanuel Bastidas Vanegas, por haber accedido carnalmente a una estudiante de séptimo grado de la Institución Educativa Distrital Técnica Inem Simón Bolívar.
La decisión fue tomada tras una investigación disciplinaria que determinó que Bastidas Vanegas ejerció presión psicológica sobre la menor y abusó de su rol como autoridad educativa para cometer el acto. Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2022 y, según el fallo, se trató de un comportamiento que vulneró gravemente la integridad sexual de la estudiante.
La Personería de Santa Marta sancionó por omisión
Pero la sanción no se limitó al agresor. La Personería de Santa Marta también responsabilizó a tres miembros del equipo directivo del plantel por omisión en sus deberes. Se trata de Miguel Polo Albarracín, rector; Mónica Núñez González, coordinadora; y Martín Daza Díaz, docente con funciones de orientador escolar. Los tres fueron suspendidos por seis meses.
El fallo concluyente que los directivos, al tener conocimiento de lo sucedido, no dieron aviso oportuno a las autoridades competentes, lo que constituye una falta disciplinaria por inobservancia del deber de cuidado. La Personería fue clara al afirmar que hubo una omisión que comprometió la protección de la menor y que afectó gravemente la obligación institucional de garantizar los derechos fundamentales de los estudiantes.
La investigación calcula que hubo conocimiento interno de la situación y, sin embargo, los responsables jerárquicos no actuaron conforme a la gravedad del hecho. Este comportamiento pasivo frente a un caso tan delicado configura una responsabilidad compartida en el manejo negligente de una denuncia que requeriría atención inmediata.
La sanción impuesta a Bastidas Vanegas le prohíbe ejercer funciones públicas por dos décadas, y la resolución fue emitida por la Persona Delegada con Funciones de Conocimiento y Juzgamiento, quien resaltó la obligación del Estado de salvaguardar los derechos de los menores, más aún en escenarios educativos.
Este caso se convierte en una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de atención y denuncia en las instituciones educativas del país. El Inem Simón Bolívar, una de las instituciones con mayor trayectoria en Santa Marta, queda en el centro del escrutinio público por la forma como manejó una situación que debía haber sido reportada inmediatamente a las autoridades judiciales y administrativas.
Además de las sanciones individuales, el caso abre la puerta a posibles procesos judiciales y otras investigaciones que podrían escalar a nivel penal, especialmente en lo que respeta a la conducta del docente.
La Personería de Santa Marta reiteró que su función como órgano del Ministerio Público es velar por los derechos de los ciudadanos y garantizar que los funcionarios públicos actúen conforme a los principios constitucionales. Casos como este, en donde se vulnera la integridad de menores de edad dentro del sistema educativo, merecen respuestas contundentes por parte del Estado.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación Distrital ni el Ministerio de Educación Nacional se han pronunciado públicamente sobre el caso, mientras aumenta la presión ciudadana para que se refuercen los controles internos en los colegios públicos de la ciudad.
El fallo, aunque aún puede ser apelado, representa un precedente importante sobre la responsabilidad institucional frente a la protección de los menores y el deber de denunciar de manera inmediata cualquier situación que atente contra su bienestar
VER: Unimagdalena y Personería Distrital: se unen por los Derechos Humanos
