Un fallo de la Contraloría Distrital de Santa Marta atribuye responsabilidad fiscal por 28.854 millones de pesos a seis exdirectivos y exfuncionarios del Distrito por decisiones que comprometieron al sistema de agua y saneamiento de la ciudad.
El pasado 12 de noviembre de 2025 la Contraloría Distrital de Santa Marta emitió el Auto 009-2025, en el marco del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario 023-2022, mediante el cual se declaró un detrimento patrimonial de 28.854 millones de pesos en la Essmar.
De acuerdo con el ente de control, ese déficit no se explica por una eventual quiebra del mercado o crisis externa, sino por decisiones internas: una reducción tarifaria del 46,3 % aprobada en 2019 por la junta directiva de Essmar sin estudios técnicos que la avalaran. Esa medida, según la auditoría, redujo de forma dramática los ingresos operacionales, mientras los costos y compromisos siguieron creciendo.
El resultado fue una operación deficitaria sostenida: para 2020 la diferencia entre ingresos y obligaciones superó los 25.600 millones de pesos, lo que impidió el normal funcionamiento de la empresa.
Ese desequilibrio financiero, calificado por la Contraloría como “gestión ineficiente y antieconómica”, motivó la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de quienes ocupaban los cargos claves en ese período.
Los seis implicados: cargos y señalamientos
La decisión de la Contraloría vinculó solidariamente —es decir, todos ellos pueden responder en conjunto por el monto señalado— a seis personas, entre exdirectivos de ESSMAR y exfuncionarios del Distrito, quienes para la época de los hechos tenían responsabilidad administrativa sobre la empresa.
Ingrid Johana Aguirre Juvinao, gerente de Essmar en ese entonces, actualmente es Represéntate a la Cámara; Carlos Enrique Páez Cantillo, Secretario General y gerente de Essmar durante el periodo bajo revisión; Andrés Rugeles Pineda, exalcalde encargado de Santa Marta en la época del polémico ajuste de tarifaria; Francisco García Rentería, Exsecretario de Planeación Distrital y candidato a la rectoría del Magdalena; Jorge Luis Agudelo Apreza, Exsecretario de Hacienda Distrital y candidato a la Alcaldía de Santa Marta, también imputado por su rol en los manejos financieros de la empresa y David Orlando de Marchena González, Exgerente de Infraestructura Distrital, vinculado por su participación en decisiones de inversión y sostenibilidad de la empresa.
Adicionalmente, la Contraloría vinculó como tercero civilmente responsable a la aseguradora La Equidad Seguros, por las pólizas de cumplimiento vinculadas al manejo de recursos públicos de ESSMAR.
Qué provocó el colapso: decisiones y consecuencias
Según la auditoría 2020, cuando la reducción tarifaria se aprobó, no existían estudios técnicos que demostraran la viabilidad financiera de la medida. Esa omisión constituyó el primer error. Con menores ingresos y gastos crecientes, la empresa entró en déficit.
El cierre presupuestal de 2020 reflejó un recaudo de 94.452 millones de pesos, frente a compromisos que superaban los 120.056 millones. Esa brecha de más de 25.600 millones marcó el inicio de un desequilibrio estructural.
Como consecuencia, comunidades enteras —especialmente en barrios populares— sufrieron cortes de agua, fallas en el sistema de alcantarillado y crisis en el servicio público. En el día a día, muchos hogares quedaron sin agua suficiente, dependiendo de carrotanques o de turnos impredecibles.
Lo grave del fallo es que certifica lo que muchas familias denunciaron durante años: la crisis de servicios no fue culpa del clima, de la pandemia o del crecimiento urbano. Fue resultado de decisiones administrativas que comprometieron los recursos públicos y la sostenibilidad de la empresa responsable del agua y saneamiento de Santa Marta.
Qué sigue: responsabilidades, recursos y eventual cobro
El fallo corresponde a una decisión de primera instancia. Eso significa que, aunque se ha declarado la responsabilidad fiscal, los implicados pueden presentar recursos de apelación o nulidad ante la Contraloría. Si no prosperan, podría iniciarse un proceso de cobro coactivo para recuperar los 28.854 millones de pesos.
La inclusión de La Equidad Seguros como tercero civilmente responsable implica que también esa empresa puede ser obligada a responder por el monto, en virtud de las pólizas que respaldaban la gestión de Essmar.
Para muchos ciudadanos, este fallo significa la posibilidad de exigir reconstrucción del sistema, revisiones profundas a contratos, inversiones pendientes y garantías de que decisiones de impacto público futuro tendrán respaldo técnico.
Un régimen de cuentas pendientes
El fallo de la Contraloría marca un nuevo capítulo en la historia de Essmar y del servicio público en Santa Marta. No es únicamente una sanción administrativa: es una señal firme de que la rendición de cuentas tiene consecuencias reales, incluso cuando quienes estuvieron al frente hoy ocupan cargos públicos distintos.
Para los ciudadanos, representa una oportunidad histórica para exigir transparencia, control efectivo de quienes gestionan los recursos públicos y, sobre todo, una mejora tangible en servicios básicos como el agua y el saneamiento.
La clave ahora está en que las autoridades mantengan el impulso: que el fallo no quede en un documento archivado, sino que se concrete en investigaciones, responsabilidades y, sobre todo, en la recuperación del daño patrimonial para recuperar la confianza de una ciudad que aún espera agua en sus grifos.
