Martínez, cuando fue alcalde de Santa Marta, al parecer incrementó el presupuesto para cubrir costos no contemplados ni permitidos en la regulación del PAE.
La Procuraduría General de la Nación continúa tomando medidas en relación con el presunto caso de sobrecostos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE de Santa Marta.
Recientemente, en un comunicado se informa que ha proferido pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) y el exsecretario de Educación, Julio César Aguilar Carreño (2018).
Al parecer los exfuncionarios habrían incrementado el presupuesto del contrato en $460 millones para cubrir gastos de publicidad, visibilidad y socialización, costos que no están contemplados ni permitidos en la regulación legal del PAE.
Para el Ministerio Público, la administración al momento de estructurar y suscribir el contrato al parecer no observó los criterios de razonabilidad y objetividad para establecer su valor.
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LO QUE DESENCADENÓ
Lo antes mencionado, habría llevado a que el ente territorial pagara el servicio con fundamento en un valor estimado con la sumatoria de un ítem que no está contemplado en la normatividad PAE y que se reflejó en posibles sobrecostos.
se alega que la administración Distrital habría autorizado pagos sin contar con los soportes adecuados que respaldaran los valores asignados a dicho ítem.
El órgano de control afirma que «la destinación de los recursos por este factor no se realizó con ajuste a la regulación establecida, y no estuvo debidamente justificada porque no se nota en ningún momento la planeación suficiente que justifique los dineros asignados para tal fin».
Por esos hechos, la Procuraduría ha calificado la conducta presuntamente realizada por los exfuncionarios como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
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