La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldes entre estos el alcalde de Santa Marta, por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal de planeación y administrativo.
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, al instalar junto con la presidenta de la Corte Constitucional, el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud, advirtió que el origen de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes.
Por eso la presidenta de la Corte exigía más acciones y por supuesto que se acogerá ese llamado.
Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta “tragedia”.
Se está iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado.
Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto.
FALTA DE ACCIONES EN LA JUSTICIA
Estos ya no son simplemente pactos de caballeros, que muchos firmaron y que no se han cumplido.
En el caso del alcalde Rafael Alejandro Martínez, el distrito de Santa Marta suscribió el contrato N° 007 de 2016, que ascendió a 5 mil millones de pesos y tenía como propósito adecuar y terminar tres de los puestos de salud.
Investigado por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud para la ciudad.
Además de incumplimientos en la ejecución, la Fiscalía advirtió un presunto peculado superior a los 4.000 millones de pesos.
Entonces ante la imposibilidad de hacerlo se está iniciando una actuación para demostrar que las posibilidades de poner en marcha medidas de carácter disciplinario están sobre la mesa.
Si no se llega a cumplir con esos mandatos y esas obligaciones de carácter legal que tienen los alcaldes con la política penitenciaria y carcelaria de Colombia.
