La propuesta legislativa busca actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que durante más de 30 años han limitado la capacidad financiera de las universidades.
La discusión sobre la financiación de la educación superior pública vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional. Esta vez, la voz que se alza con firmeza es la de la Universidad del Magdalena, una institución que ha sido ejemplo de crecimiento, transformación y compromiso con el desarrollo del Caribe colombiano. Su mensaje al Congreso es claro: sin una reforma profunda a la Ley 30 de 1992, el futuro de miles de jóvenes seguirá en riesgo.
En un país donde la educación pública enfrenta décadas de desfinanciamiento acumulado, el Proyecto de Ley 212 de 2024 emerge como una oportunidad histórica. Esta iniciativa propone una nueva fórmula de asignación de recursos, basada en criterios de calidad, inclusión, equidad territorial y sostenibilidad, sentando las bases de un sistema robusto que responda a los desafíos actuales de las universidades públicas.
Una reforma necesaria para equilibrar el acceso y la calidad educativa en las regiones
La propuesta legislativa busca actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que durante más de 30 años han limitado la capacidad financiera de las universidades públicas al supeditar su crecimiento al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras el país avanzaba y las instituciones aumentaban su cobertura, fortalecían la investigación, ampliaban infraestructura y consolidaban procesos de regionalización, los recursos estatales crecían a un ritmo insuficiente.
La Universidad del Magdalena es un ejemplo claro de esta inequidad estructural:
- En 1992 tenía cerca de 2.000 estudiantes; hoy atiende a casi 30.000.
- Sin embargo, la transferencia estatal por estudiante ha disminuido, pese al evidente incremento en responsabilidades académicas y sociales.
Este desfase ha generado un déficit crónico, dificultando garantizar condiciones óptimas de calidad, bienestar, apoyo económico e investigación.
El rector Pablo Vera Salazar: una voz autorizada en defensa de la educación pública
El rector de Unimagdalena, doctor Pablo Vera Salazar, fue enfático al señalar que el país enfrenta un punto de inflexión. Durante más de tres décadas, dijo, la financiación pública solo ha crecido con el IPC, un modelo que no responde a la realidad de instituciones que hoy deben ser motores de transformación social, científica y territorial.
“Por más de 30 años los recursos crecieron apenas con el IPC, mientras las universidades ampliaban cobertura, aumentaban matrículas, fortalecían la investigación y crecían en infraestructura. Este modelo ha limitado la calidad y ha cerrado las puertas a miles de jóvenes”, subrayó el Rector.
Vera Salazar apeló al compromiso del Congreso para que actúe con responsabilidad histórica:
“Senadores y senadoras: la aprobación del Proyecto de Ley 212 es una oportunidad única para cerrar la brecha de financiamiento. Para Unimagdalena significa garantizar inclusión, innovación y compromiso con el Caribe. Sin financiación no hay futuro para nuestros jóvenes ni para las regiones”.
Impacto directo de la Reforma en Unimagdalena y las universidades públicas
La actualización de la Ley 30 no solo representaría un alivio financiero sino un impulso decisivo para que las universidades públicas avancen hacia modelos educativos modernos, incluyentes y sostenibles. En el caso de la Universidad del Magdalena, los beneficios serían claves para consolidar procesos que hoy impactan positivamente al departamento y a la región:
1. Ampliación de la cobertura y fortalecimiento de la inclusión
Programas como Talento Magdalena y Talento Santa Marta, que han permitido el acceso de jóvenes de sectores vulnerables, se verían robustecidos, garantizando nuevas oportunidades de ingreso y permanencia.
2. Más bienestar estudiantil
La reforma permitiría incrementar apoyos económicos, nutricionales, psicosociales y de permanencia, fundamentales para que estudiantes de bajos recursos puedan culminar sus estudios.
3. Crecimiento sostenible de la investigación y la innovación
Con más recursos, la Universidad podrá sostener y expandir sus capacidades científicas, tecnológicas y de creación, impulsando proyectos con impacto real en el territorio.
4. Reducción de brechas frente a universidades del centro del país
El Caribe colombiano ha enfrentado históricas desigualdades en materia de financiación y desarrollo educativo. Esta reforma contribuiría a equilibrar la balanza, garantizando un trato más justo y acorde al crecimiento institucional.
5. Consolidación de la regionalización
Unimagdalena ha logrado llevar oportunidades de formación a diversos municipios del Magdalena. La reforma permitiría mantener y expandir esta estrategia.
Una apuesta por el futuro del Caribe y del país
La Universidad del Magdalena ha demostrado que, con gestión, visión y compromiso, es posible transformar vidas y territorios. Pero también ha dejado claro que ninguna institución puede sostener su crecimiento sin una financiación adecuada, progresiva y estable.
La Reforma a la Ley 30 representa más que un ajuste técnico: es un acto de justicia con las regiones, con los jóvenes y con la educación pública como herramienta de movilidad social y desarrollo.
En palabras del Rector:
“Esta Reforma permitiría seguir soñando en grande, transformar vidas y avanzar en la construcción de un Caribe más equitativo y con más oportunidades”.
El llamado de Unimagdalena se suma al de otras instituciones y movimientos universitarios que reconocen la urgencia de modernizar el modelo financiero que rige la educación superior pública. Sin este ajuste, las brechas seguirán ampliándose y miles de estudiantes verán limitado su derecho a una educación de calidad.
La decisión está ahora en manos del Congreso. Su voto no solo definirá el futuro de las universidades, sino también el de millones de jóvenes que ven en la educación su principal esperanza de progreso.
VER: Unimagdalena
