El nuevo posgrado arranca con su primera cohorte y apunta a formar abogados capaces de enfrentar un sistema judicial cada vez más digital, con clases en modalidad híbrida y aval del Ministerio de Educación.
La formación jurídica en el Caribe suma una nueva apuesta. Unimagdalena presentó su Maestría en Derecho Procesal y Justicia Digital, un programa que busca responder a los cambios que ya enfrenta la administración de justicia en Colombia, marcada por el uso de plataformas, expedientes electrónicos y audiencias virtuales.
El lanzamiento se realizó en el auditorio Neguanje, con la presencia de directivos, docentes, estudiantes y expertos del ámbito judicial. En ese escenario también se dio la bienvenida a la primera cohorte, integrada por profesionales que decidieron apostarle a una formación enfocada en las nuevas dinámicas del derecho.
Este posgrado cuenta con aval oficial del Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución No. 022817 del 26 de noviembre de 2025. Su creación responde a una necesidad concreta: formar abogados capaces de moverse en un sistema judicial que ya no depende únicamente del papel, sino de herramientas digitales que transforman los tiempos, los procesos y el acceso a la justicia.
Durante la presentación, la vicerrectora académica, Leynin Caamaño Rocha, destacó que el reto actual no solo está en conocer las normas, sino en entender cómo operan dentro de entornos tecnológicos. Explicó que este nuevo programa amplía la oferta del Centro de Posgrados y Formación Continua, que ya alcanza decenas de programas activos, y fortalece la preparación de profesionales frente a un sistema judicial en transición.
Desde la dirección académica, Yaens Castellón Giraldo subrayó que el programa busca mantener el enfoque práctico del derecho procesal, pero incorporando herramientas que permitan que la justicia llegue realmente a las personas. La intención es evitar que la digitalización se convierta en una barrera y, por el contrario, facilitar el acceso incluso en territorios apartados.
La maestría tendrá una duración de tres semestres, con un total de 38 créditos, y se ofrecerá en modalidad híbrida. Esto permitirá combinar clases presenciales con espacios virtuales, adaptándose a las dinámicas actuales de formación profesional.
El inicio del programa también marca un paso importante para egresados de la misma universidad. Entre los estudiantes se encuentran abogados que ya cursaron pregrado y especializaciones en esta institución, y que ahora ven en esta maestría una continuidad en su proceso de formación. Ese es el caso de Cindy Córdoba Vides, quien decidió seguir su camino académico tras haber pasado por sus aulas en etapas anteriores.
La jornada incluyó un espacio de análisis sobre la evolución del derecho procesal frente a los cambios tecnológicos. Allí se abordó cómo la digitalización no es una opción futura, sino una realidad que ya impacta la forma en que se tramitan los procesos judiciales en el país.
En el panel participaron figuras del ámbito judicial que coincidieron en la urgencia de este tipo de programas. Entre ellas, la magistrada María Victoria Quiñones Triana, quien ha trabajado en el uso de entornos digitales en audiencias judiciales. Durante su intervención, resaltó que el sistema necesita profesionales con formación específica en derecho digital, especialmente cuando se articula con el derecho procesal.
El espacio también contó con la participación de Miguel Ibáñez Castañeda, Cristina Solano Valencia y Cristian Meriño Segrera, quienes aportaron su visión desde distintos escenarios del ejercicio jurídico, incluyendo la judicatura y la academia.
La creación de esta maestría se da en un contexto en el que la justicia colombiana ha acelerado su transformación digital, impulsada por la implementación de herramientas tecnológicas en los despachos judiciales. Expedientes electrónicos, notificaciones virtuales y audiencias remotas hacen parte de un modelo que exige nuevas competencias en los profesionales del derecho.
Con esta iniciativa, Unimagdalena busca posicionarse en ese escenario, formando especialistas que entiendan tanto la base jurídica tradicional como los retos que impone la tecnología. El programa se alinea con las metas institucionales trazadas para el periodo 2024-2028, enfocadas en modernizar la educación y responder a las demandas actuales del país.
