Juez Primero Penal del Circuito le dio la razón a la Fiscalía General de la Nación y declaró la nulidad de lo decidido en la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Carlos Julio Zagarra Silva, Juez Primero Penal del Circuito; le dio un giro inesperado al presunto caso de corrupción que involucra a Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta; su antecesor y cuatro personas más.
Zagarra Silva emitió un sorpresivo fallo en el que declaró la nulidad de lo decidido en la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Centros de salud La Paz, Taganga y el IPC La Candelaria son los principales afectados por la demora en la construcción.
Lo anterior significa que los implicados: Rafael Alejandro Martínez y su mentor y otros volverán a enfrentarse a una audiencia en la que podrían perder la libertad y recibir los cargos por los delitos que se le atribuyen.
La postura procesal del juez Carlos Julio Zagarra Silva es diametralmente opuesta a la de Gabriel Modesto Ospino Guzmán, Juez Octavo Penal de Control de Garantías; que le dio la libertad a los seis implicados en este caso.
LA HISTORIA
El pasado 30 de noviembre Gabriel Modesto Ospino Guzmán, Juez Octavo Penal de Control de Garantías; le otorgó la libertad a Rafael Martínez, Carlos Eduardo Caicedo Omar, Carlos Fabian Slebi, Jesús Enrique Navarro Brito, Edgar Charris Salcedo y Gregorio Antono Domínguez.
La decisión estuvo sustentada en el hecho de que Salustiano Fortich Molina, Fiscal 41 Seccional; no corrió traslado de forma oportuna de los elementos materiales probatorios que debían ser del conocimiento de la defensa.
La audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento; en el presunto caso de corrupción del sector salud, resultó favorable para los incriminados.
Este tecnicismo fue alegado por Iván Alfonso Cancino González, abogado de los acusados; como una violación al debido proceso y por ello solicitó la libertad de sus defendidos.
Este es el caso por presunta corrupción dado el incumplimiento en el que habrían incurrido los dos últimos alcaldes de Santa Marta, funcionarios y contratistas; por la no construcción de cinco puestos de salud.
