Transitar en sentido contrario, no detenerse ante semáforos en rojo o amarillo, conducir en vías no autorizadas y adelantar en lugares prohibidos, dejarían de ser causales de inmovilización de motocicletas.
Santa Marta enfrenta una situación particular debido a la alta concentración de motocicletas, que representan casi la mitad de los 74.667 vehículos registrados en la ciudad para el 2023. Esta tendencia ha derivado en un aumento de incidentes de tránsito y, a su vez, en un incremento en el uso de grúas para llevar motos a los patios de tránsito por diversas infracciones.
Para muchos conductores, el proceso de recuperación de sus vehículos representa una carga económica considerable, ya que, en muchos casos, el costo de las multas y los pagos de patios puede exceder el valor de la motocicleta misma. Este hecho trajo consigo un debate en el país sobre como los motociclistas tomaban una drástica decisión de deja su herramienta de trabajo -la moto- en los patios y simplemente evadir los puestos de control y exponer sus vidas para evitar que sus vehículos sean retenidos.
Medidas propuestas por el proyecto de ley y su alcance en la normativa de tránsito
Bajo estos conceptos y para garantizar el derecho de los motociclistas a una regulación más igualitaria, surgió el proyecto de Ley 310 de 2023 que propone modificaciones significativas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
La principal reforma es la eliminación de la inmovilización inmediata de las motocicletas en caso de infracciones como: transitar en sentido contrario, no detenerse ante semáforos en rojo o amarillo, conducir en vías no autorizadas y adelantar en lugares prohibidos, como túneles y puentes.
Estas infracciones seguirán siendo multadas, pero los motociclistas ya no verán sus vehículos inmovilizados en el acto. En Santa Marta, esta medida podría tener un impacto considerable, reduciendo la sobrecarga en patios y grúas, y permitiendo a las autoridades de tránsito gestionar mejor sus recursos.
La iniciativa también aboga por una regulación más equitativa entre conductores de automóviles y motocicletas, eliminando las disposiciones específicas que afectan de manera más directa a los motociclistas. Actualmente, muchas de estas infracciones resultan en la inmovilización automática del vehículo hasta que el propietario pueda hacer efectivo el pago de la multa, una situación que ha generado múltiples reclamos en la comunidad.
Cifras y desafíos de movilidad
La situación en Santa Marta refleja la complejidad del problema: con casi 75.000 vehículos, de los cuales alrededor de 37.000 son motocicletas, la ciudad enfrenta serios desafíos de movilidad y seguridad vial. En 2023, se registraron 2.562 accidentes de tránsito, con un alto porcentaje de casos relacionados con motocicletas.
Además, los incidentes graves han posicionado a la ciudad entre las de mayor índice de lesiones por accidentes de tráfico en la región Caribe, lo que ha intensificado el uso de sanciones y el empleo de grúas para el retiro de motos involucradas en infracciones.
El uso frecuente de grúas y patios de tránsito ha generado un mercado de servicios en torno a las infracciones, con consecuencias significativas para los motociclistas que, en muchos casos, dependen de sus vehículos para el trabajo diario.
Para algunos, las multas y el costo de recuperar una motocicleta inmovilizada representan una inversión que excede su capacidad económica, lo que ha impulsado un llamado a políticas de tránsito más justas y accesibles para este tipo de conductores.
¡Nuestra Ley de equidad en las sanciones de tránsito es una realidad! Adiós al negocio de patios y grúas justificado en la persecución a las motos.
— Alejandro Vega (@AlejandroVegaLi) November 13, 2024
Todo el rigor con los irresponsables que comentan las infracciones pero no más inmovilización selectiva que solo surte negocios de… pic.twitter.com/BnlD2Yiopd
Impacto de la nueva normativa de tránsito en la inmovilización de motocicletas
La posible creación de esta ley podría tener un impacto positivo para los motociclistas en Santa Marta y en el resto del país. En la práctica, la reducción en el uso de grúas para inmovilizar motocicletas permitiría a las autoridades enfocar sus recursos en problemas de tránsito más críticos y, al mismo tiempo, aliviaría la carga económica para los propietarios de motocicletas. Sin embargo, algunos sectores han expresado su preocupación de que la eliminación de la inmovilización disminuya el efecto disuasorio de ciertas sanciones de tránsito, lo cual podría resultar en un aumento de infracciones.
Para contrarrestar esta posibilidad, se propone complementar la medida con campañas de educación vial y mejoras en la infraestructura urbana, permitiendo un uso más seguro de las motocicletas. En una ciudad donde el parque automotor sigue en crecimiento, la implementación de esta ley se perfila como una oportunidad para incentivar la responsabilidad individual y fortalecer la cultura de respeto a las normas viales entre todos los usuarios de las vías.
Perspectivas finales sobre el proyecto de ley y su viabilidad
En conclusión, el proyecto de Ley 310 de 2023 representa una respuesta a las demandas de los motociclistas de una regulación de tránsito más equitativa y menos punitiva. Para ciudades como Santa Marta, esta medida puede ofrecer un alivio a las decenas de motociclistas que diariamente enfrentan los riesgos y las sanciones del tránsito.
No obstante, para que el cambio sea realmente efectivo y contribuya a mejorar la movilidad y la seguridad vial, es necesario que se complemente con otras medidas de prevención y educación.
VER: Les inmovilizaron sus motos y de los ‘patios’ del tránsito desaparecieron
