Home Portada ¿Debe la Costa Caribe pagar una nueva sobretasa para salvar a Air-e y a quién terminaría afectando?

¿Debe la Costa Caribe pagar una nueva sobretasa para salvar a Air-e y a quién terminaría afectando?

por Álvaro Quintana Mendoza
Usuarios rechazan otro incremento en el cobro de la energía, mientras las facturas siguen subiendo y el servicio continúa sin responder a lo que se paga.

La discusión sobre una posible sobretasa de energía vuelve a encender tensiones en la región Caribe, mientras crecen las dudas sobre el peso real de la deuda, las responsabilidades acumuladas y el impacto directo en usuarios que ya enfrentan tarifas elevadas.

En la Costa Caribe el tema energético dejó de ser solo técnico y pasó a sentirse en la vida diaria, en los recibos que llegan cada mes con cifras difíciles de sostener y en una conversación pública que ahora gira alrededor de una pregunta incómoda, si los ciudadanos deben asumir un nuevo cobro para sostener a una empresa cuya crisis no nació de un día para otro.

Una deuda que no apareció de la nada

La situación financiera de Air-e tiene origen en varios factores que han sido señalados en informes públicos del sector, entre ellos altos niveles de pérdidas de energía, tanto técnicas como por conexiones ilegales, además de una cartera vencida significativa, especialmente en sectores donde el pago del servicio es irregular, a esto se suma el costo de compra de energía en bolsa y contratos, que ha tenido incrementos en los últimos años según reportes de entidades como XM y la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Aunque no existe una cifra única consolidada de acceso público que resuma toda la deuda en tiempo real, distintos reportes del sector han advertido que las obligaciones superan los 2 billones de pesos si se suman pasivos operativos, cartera y costos de energía acumulados, lo que explica por qué se plantea la necesidad de medidas extraordinarias.

¿Quién pagaría la sobretasa?

La propuesta de una sobretasa, que aún no ha sido formalizada en una política definitiva verificable, apunta a que el costo recaería en los usuarios de estratos 4, 5 y 6 en la región Caribe, es decir hogares, comercios y sectores productivos, en una zona donde las tarifas ya han sido motivo de protestas en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

El impacto no sería menor, cualquier recargo adicional se sumaría a una estructura tarifaria que ya incorpora componentes como generación, transmisión, distribución y pérdidas reconocidas, lo que genera preocupación en gremios y usuarios que advierten un posible efecto directo sobre el costo de vida y la competitividad regional.

Entre apoyos y rechazos

En el debate han aparecido posiciones divididas, algunos sectores consideran que sin medidas urgentes el sistema podría deteriorarse aún más, poniendo en riesgo la continuidad del servicio, mientras otros rechazan que la solución pase por trasladar el problema a los usuarios finales.

Desde el ámbito político y gremial, varias voces han cuestionado la idea de una sobretasa sin una revisión profunda del modelo, señalando que antes de nuevos cobros deberían resolverse problemas estructurales como el fraude de energía, la eficiencia operativa y la recuperación de cartera, sin embargo no existe hasta ahora un listado único y oficial de actores que respalden o rechacen formalmente una medida específica, lo que evidencia que la discusión sigue abierta y en construcción.

El silencio que genera más preguntas

Un elemento que llama la atención es la falta de un pronunciamiento conjunto de los mandatarios de la región Caribe, gobernadores y alcaldes de ciudades principales no han emitido una postura unificada frente a la posibilidad de una sobretasa, lo que deja el debate disperso y sin una vocería clara que represente a los usuarios

Esa ausencia de posición coordinada contrasta con el impacto regional del tema, ya que cualquier decisión afectaría a millones de personas en varios departamentos, lo que refuerza la percepción de que la discusión avanza sin un bloque político sólido que defienda intereses comunes.

La discusión no se reduce a salvar una empresa o evitar un colapso del servicio, lo que está en juego es quién asume el costo de un sistema que lleva años acumulando fallas, y mientras esa respuesta no sea clara y verificable, la idea de una sobretasa seguirá generando resistencia en una región que ya siente que ha pagado suficiente por un servicio que aún no responde a sus expectativas.

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