A través de una misiva de cuatro páginas suscrita por 20 integrantes del Congreso de la República, entre ellos, senadores y representantes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc- y otros colectivos de izquierda; exhortan a varias entidades judiciales, de control y derechos humanos; a pasar por alto el ordenamiento jurídico colombiano en favor de quien gobernó Santa Marta en el período 2012-2015.
Con una carta signada por un reducido número de congresistas colombianos de izquierda, se pretendería una especie de ‘indulto’ para un exalcalde de Santa Marta.
La solicitud beneficiaría a Carlos Eduardo Caicedo Omar, máximo ejecutivo local en el período 2012-2015 y quien hoy es imputado por corrupción ante la justicia.