Lo que durante años parecía una simple administración parroquial terminó convertido en una batalla judicial, policial y religiosa en Santa Marta. La Diócesis asegura que el sacerdote Hernando Fajid Álvarez se apropió del Cementerio San Miguel, mientras él se negó durante meses a entregar las llaves del camposanto.
La recuperación del Cementerio San Miguel por parte de la Diócesis de Santa Marta, al menos parcialmente, es uno de los conflictos más extraños y polémicos que ha vivido recientemente la Iglesia Católica en Santa Marta, un caso que durante meses mezcló disputas religiosas, investigaciones penales, decisiones judiciales y enfrentamientos públicos alrededor de uno de los camposantos más tradicionales de la capital del Magdalena.
Todo gira alrededor del sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub, conocido popularmente como el ‘cura rebelde’, quien durante cerca de dos décadas administró el histórico cementerio ubicado en pleno Centro Histórico y terminó enfrentado directamente con la propia Iglesia por el control del lugar.
El conflicto que pasó del altar a los juzgados
Según la información conocida públicamente, el problema comenzó a escalar entre finales de 2023 y el año 2024, cuando la Diócesis de Santa Marta decidió apartar al sacerdote de sus funciones religiosas y administrativas, sin embargo, pese a esa determinación, Fajid continuó celebrando misas, bautizos y ceremonias religiosas dentro del Cementerio San Miguel, manteniendo además el control operativo del lugar.
Desde ese momento la Iglesia sostuvo que el sacerdote ya no tenía autorización canónica para ejercer como párroco ni para administrar el camposanto, incluso advirtió públicamente que las ceremonias realizadas por él no tenían validez litúrgica dentro de la Iglesia Católica.
Pese a ello, el religioso siguió dentro del cementerio, conservó las llaves, mantuvo el manejo diario del lugar y continuó actuando como máxima autoridad dentro del camposanto, situación que poco a poco transformó un conflicto interno eclesiástico en una disputa jurídica mucho más grande.
La pelea se volvió un caso judicial y penal
En 2024 la Diócesis intentó recuperar el control del cementerio mediante acciones policivas y judiciales, aunque inicialmente las solicitudes no prosperaron y un inspector negó el amparo solicitado por la Iglesia, permitiendo que el sacerdote continuara dentro del lugar mientras el proceso avanzaba en otras instancias.
El caso tomó todavía más fuerza cuando los abogados de la Diócesis señalaron que el cementerio pertenecía a la Fundación Juan Pablo II, entidad creada por la propia Iglesia Católica para manejar el camposanto, razón por la cual insistían en que el sacerdote no podía continuar ejerciendo control administrativo sobre el sitio.
Con el paso de los meses aparecieron acusaciones todavía más delicadas. La Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones y posteriormente imputó al sacerdote por presuntos delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos.
Según los representantes jurídicos de la Iglesia, el religioso habría creado estructuras administrativas para mantener el control del cementerio pese a las decisiones eclesiásticas y judiciales que buscaban apartarlo.
Mientras tanto, el caso comenzó a hacerse cada vez más conocido en Santa Marta, principalmente porque el sacerdote seguía oficiando ceremonias religiosas y mantenía el respaldo de varios feligreses que defendían su permanencia en el lugar.
El ‘cura rebelde’ siguió haciendo misas
Durante meses circularon videos y fotografías mostrando a Hernando Fajid celebrando eucaristías, entierros y otros actos litúrgicos dentro del camposanto, mientras la Diócesis insistía en que esas ceremonias no tenían reconocimiento oficial.
Uno de los episodios más tensos ocurrió en febrero de 2026, cuando funcionarios de la Fiscalía y agentes de Policía llegaron al cementerio para realizar una inspección judicial. En medio de la diligencia, el sacerdote continuó una misa frente a familiares de una persona fallecida mientras avanzaba el operativo oficial, una escena que rápidamente se volvió viral y terminó llevando el caso a medios nacionales.
Ese episodio consolidó todavía más la imagen del llamado ‘cura rebelde’, un sacerdote que desafió públicamente las decisiones de la Iglesia y que siguió ejerciendo autoridad dentro del cementerio aun en medio de investigaciones judiciales.
La decisión que permitió recuperar el cementerio
Finalmente, en abril de 2026, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías ordenó suspender la personería jurídica de la sociedad que manejaba el cementerio y dispuso que el lugar debía ser entregado nuevamente a la Diócesis de Santa Marta.
La decisión judicial consideró que existían elementos suficientes dentro de la investigación penal relacionada con el manejo administrativo del camposanto. Posteriormente, este martes 12 de mayo, la Iglesia retomó oficialmente el control del Cementerio San Miguel con acompañamiento de la Policía Nacional.
El abogado Diego Duque Zuluaga, representante de la Diócesis, confirmó públicamente que la Iglesia volvió a ejercer la titularidad y administración del lugar luego de varios meses de disputa judicial y religiosa.
Un caso que terminó sacudiendo a Santa Marta
El caso del Cementerio San Miguel terminó convirtiéndose en un episodio poco común dentro de la historia reciente de la Iglesia Católica en Santa Marta, no solamente por la duración del conflicto, también porque dejó expuesta públicamente una pelea interna que terminó en tribunales, investigaciones penales y operativos policiales.
Mientras la Diócesis sostiene que recuperó un bien que históricamente le pertenecía, el sacerdote Hernando Fajid mantuvo durante meses el respaldo de varios fieles que cuestionaron las decisiones tomadas por la jerarquía eclesiástica y defendieron su permanencia dentro del camposanto.
Lo que comenzó como una diferencia administrativa dentro de la Iglesia terminó transformándose en uno de los conflictos religiosos y judiciales más comentados de los últimos años en Santa Marta.
