Además del inminente colapso del servicio de urgencia del Hospital Universitario Fernando Troconis, denunciado por la Gobernadora de Magdalena; en el último mes, más de un centenar de venezolanos que han sido atendidos por la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend, no habrían sido reconocidos como pacientes por la Alcaldía de Santa Marta.
La salud de Santa Marta no está en ‘cuidados intensivos’ porque la Gobernadora de Magdalena reclame y el Alcalde de Santa Marta responda.
Mucho menos porque se trate de un enfrentamiento personal entre los gobernantes locales: Rosa Cotes de Zúñiga y Rafael Alejandro Martínez.
Rosa Cotes y Rafael Martínez tienen divergencias por la salud del territorio.
La situación es compleja y pasa por el cúmulo de situaciones que hoy se están propagando como un foco canceroso que ataca todo lo que se atraviese.
Lo peor del asunto es que a la metástasis que está haciendo este servicio, le han aparecido quebrantos que proliferan de manera anormal e incontrolada.
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ATACANDO A LA E.S.E
Entre marzo y abril, Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta; le declaró la guerra a la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend.
Desde entonces, el objetivo ha sido sacar a Omar de Jesús Suárez Prasca quien asumió la gerencia el 19 de octubre de 2016 producto de un concurso.
La junta directiva de la E.S.E. Local se ha convertido en campo de batalla.
En dicho propósito entraron a jugar un papel muy importante aliados del alcalde Martínez como Chadán Francisco Rosado Taylor, personero del Distrito.
A instancias del Ministerio Público, Omar de Jesús Suárez Prasca fue suspendido de su cargo por 90 días y restituido en el mismo, tiempo después.
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MENTIRAS CONTRA LA E.S.E
Como los primeros ‘asaltos’ los perdió Rafael Alejandro Martínez a manos de los ‘jueces’ de la pelea; optó por llevar la disputa a un nuevo escenario.
De unos meses para acá, Rafael Alejandro Martínez le ha atribuido a su subalterno, Omar de Jesús Suárez Prasca las fallas del servicio de salud.
Adecuar los puestos de salud no es garantía de la prestación del servicio.
El alcalde, aprovechó las entregas de los puestos de salud del barrio La Paz y el balneario de Taganga para acusar a Suárez Prasca de negligente.
Martínez se esfuerza por hacerle creer a la opinión pública que el gerente de la Alejandro Próspero Reverend es una ‘rueda suelta’ y no su empleado.
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ASFIXIANDO A LA E.S.E
Lo cierto es que, en el último mes, un centenar de venezolanos, por ejemplo, fueron recibidos por la E.S.E. y la Alcaldía no los reconoció como pacientes.
En esta misma situación están 63 enfermos pertenecientes a la población pobre que reside en Santa Marta y a quienes no se les garantiza la salud.
El Alcalde de Santa Marta está asfixiando financieramente a su E.S.E. Local.
Por ley, la prestación del servicio de salud a los venezolanos y a la población necesitada debe ser cubierta con el presupuesto de la Administración Local.
Por esta omisión, Rafael Alejandro Martínez ha dejado de transferir más de 90 millones de pesos a la ‘Alejandro Próspero Reverend’ facturados y no pagados.
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HAGA Y NO COBRE
En cuatro años, son más de 8.100 millones de pesos que se han dejado de recaudar por la inexistencia del contrato que deben suscribir la Alcaldía y la E.S.E. Local.
De acuerdo, a los registros financieros y contables, desde hace más de cuatro años y medio, la ‘Próspero Reverend’ no factura porque no hay contrato.
El Distrito se niega a contratar servicios de salud con la E.S.E. de Santa Marta.
A la luz de la contabilidad, es el mismo Alcalde de Santa Marta quien ha venido propiciando el deterioro patrimonial de su propia Empresa Social del Estado.
Esta es la misma razón por la que Tomas Alfredo Díazgranados Casadiego, gerente del Hospital Universitario Fernando Troconis; acusó a Rafael Martínez.
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¿POSIBLE DELITO?
La Superintendencia de Salud aclaró que la prestación del servicio no cubierta en el Plan Obligatorio de Salud se dará en lo no cubierto por subsidio a la demanda.
Las entidades territoriales como la Alcaldía de Santa Marta, están obligadas a contratar con la E.S.E. Local la atención de la población pobre que lo requiera.
La Superintendencia Nacional de Salud podría sancionar a la Alcaldía.
Solamente con autorización del Ministerio de Salud es que la Administración podría contratar con otras instituciones prestadoras de servicios de salud.
El concepto 11768 de 2014 es el que le concede está prerrogativa a las empresas sociales del Estado habilitadas so pena de una sanción a la Alcaldía.
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