Por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-: Contraloría General de la República abrió cinco procesos de responsabilidad fiscal por $2.950 millones de pesos.
La Contraloría General de la República abrió en Magdalena cinco procesos de responsabilidad fiscal en cuantía de $2.950 millones de pesos.
Los recursos fueron ejecutados por la actual administración, relacionados con la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE-.
Contraloría abrió cinco juicios fiscales a Gobernación de Magdalena.
La actual Gobernadora del departamento se encuentra llamada a responder en cuatro de estos procesos, por un posible daño patrimonial de: $1.744 millones.
El equipo de la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en Magdalena encontró mérito para abrir estos procesos.
LAS DUDAS
Las situaciones detectadas tienen que ver con lo reportado en las planillas de servicio comparadas contra los pagos efectuados por el ente territorial.
Asimismo, variaciones no justificadas en los precios pactados para cada una de las raciones, que representaron igualmente sobrecostos a la luz del contrato.
El Programa de Alimentación Escolar 2017 está en entredicho.
Las presuntas irregularidades se encontrarían en las etapas de celebración, ejecución y pago de los contratos para la atención del PAE.
Se trata de procesos iniciados por los sobrecostos evidenciados en la ejecución, relacionados con valores pagados por los almuerzos contratados.
SOBREPRECIO
Los investigadores establecieron esta situación, gracias al análisis que hicieron sobre la estructura de precios del valor unitario de la ración alimentaria.
La Gobernación contrató y pagó almuerzos por encima de lo determinado en los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar para la vigencia 2017.
La cuantía de los cinco juicios fiscales es de: $2.950 millones.
La situación se basó en la modalidad: “almuerzo jornada única”, no contemplada en los lineamientos técnicos, estudios de mercado y previos.
La Contraloría General de la República dio traslado de la apertura de los cinco procesos de responsabilidad fiscal a la administración del departamento.
