La Alcaldía de Santa Marta suscribió un contrato con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social para ejecutar estas actividades, a pesar que desde junio es investigado por la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación, por corrupción e irregularidades fiscales.
Un poco más de $1.333.333 dólares costarán las ceremonias de inauguración y clausura de los decimoctavos Juegos Bolivarianos.
La empresa que hará los eventos es el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, dirigido por Adriana María Giraldo Hernández.
En favor de dicha compañía, la Alcaldía de Santa Marta justificó en tiempo récord su contratación directa con la resolución 1261 del 31 de octubre.
En menos de 72 horas, se suscribió el convenio número 012 del 3 de noviembre de 2017, adjudicándole los $4.000 millones de pesos.
OBLIGACIONES Y PAGO
El convenio entre la Alcaldía de Santa Marta y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, tiene 22 actividades.
Solamente nueve de las tareas están relacionadas con los requerimientos que en terreno demanda la inauguración y la clausura.
Al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social ya se le desembolsó la totalidad de los $4.000 millones de pesos.
De casualidad, la apropiación presupuestal del convenio, tiene la misma fecha en la que se justificó la contratación directa: 31 de octubre de 2017.
¿OSCURO CONTRATISTA?
Hasta hace poco, el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social era representado por el vallecaucano Pascual Guerrero Arana.
Al paisano de la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán González; la Fiscalía General de la Nación le imputó un rosario de delitos.
Guerrero Arana es acusado de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Asimismo, se le atribuye interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
DE CALI A LA SAMARIA
Pascual Guerrero Arana hizo parte del gabinete del sindicalista y Gobernador del Valle del Cauca 2004-2007, Angelino Garzón Quintero.
En esa Administración, conoció a Adriana María Giraldo Hernández, en virtud de que fue su subalterna como jefe de interventorías.
Tras los problemas judiciales de Guerrero Arana, la señora Giraldo Hernández ascendió y lo reemplazó como directora ejecutiva del Fondo.
Hasta octubre de 2014, Adriana Giraldo estuvo en la temible ‘Lista Clinton’ elaborada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
EL LÍO DEL ‘HAPPY LORA’
Desde el mes de junio pasado, el Fiscal Néstor Humberto Martínez le puso la lupa a la firma que organizará inauguración y clausura en Bolivarianos.
El ente acusador investiga al Fondo por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de la remodelación del coliseo de Montería.
Las pesquisas evidenciarían anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios que originaron el contrato.
El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social debió rehabilitar el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora por valor de $12.500 millones de pesos.
DE MAL EN PEOR
En la Capital de Magdalena fue la Contraloría General de la República la que le hizo reparos al responsable de inaugurar y clausurar los Bolivarianos.
El Contralor Edgardo Maya cuestionó al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social como interventor de obras.
El Fondo, representado entonces por Pascual Guerrero Arana, fue contratado por la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán por $1.402 millones de pesos.
La Contraloría pudo evidenciar que la interventoría fue negligente y permisiva con los contratistas del estadio de atletismo y la pista de BMX.
INCUMPLIDO PERO ‘PREMIADO’
Lo llamativo del asunto es que mientras la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República cuestionan al Fondo, otros lo premian.
Es el caso del mismísimo Coldeportes, quien en el 2012 estableció un siniestro en contra de ellos, por más de $1.112 millones de pesos.
Debido a lo anterior, actualmente se está adelantando un cobro coactivo por más de $232 millones de pesos, como saldo a favor de Coldeportes.
La inauguración y la clausura abren y cierran el evento más importante en la historia del deporte de Santa Marta… y tal vez el más controvertido.