El escándalo del presunto robo de cheques en Pueblo Viejo pone en evidencia las debilidades estructurales en la gestión financiera de los municipios pequeños.
El municipio de Pueblo Viejo, ubicado en el departamento del Magdalena, enfrenta un grave escándalo tras la denuncia presentada por el ex candidato a la Alcaldía y actual concejal, Wilfrido Rafael Ayala Moreno. Según la denuncia, 25 cheques emitidos por la administración local, encabezada por el alcalde Brando de Jesús Márquez Márquez, habrían sido robados, sumando un total de 450 millones de pesos. Este dinero estaba destinado a proyectos cruciales para la comunidad, afectando gravemente el funcionamiento del gobierno municipal y generando preocupación en la población.
Origen del escándalo: proyecto San Juan de Palos Prietos
Los cheques robados estaban destinados a financiar un proyecto en el corregimiento de San Juan de Palos Prietos, una comunidad afrodescendiente que ha sufrido históricamente por el conflicto armado en la región. El convenio entre el Municipio y el Instituto Nacional de Vías (Invías) tenía como objetivo mejorar la infraestructura de este corregimiento, uno de los más golpeados por la pobreza y el abandono estatal. Sin embargo, el retraso en la ejecución del proyecto llevó al concejal Wilfrido Rafael Ayala Moreno a solicitar explicaciones desde mayo de este año, momento en el cual se le informó que las cuentas del Municipio estaban embargadas, lo que impedía avanzar con las obras.
El cuestionamiento principal surge en torno a cómo se levantó el embargo de la cuenta y se sustrajeron los cheques sin que se activaran alertas en el sistema bancario. Según Wilfrido Rafael Ayala Moreno, el hecho de que los cheques se cobraran sin levantar sospechas refleja una grave negligencia por parte de la administración local y las entidades financieras involucradas.
Fechas de los cobros y sospechas sobre una red organizada
Wilfrido Rafael Ayala Moreno ha sido enfático en señalar que este no es un caso aislado, sino que podría tratarse de una operación sistemática para defraudar al Municipio. El concejal ha revelado que los cheques falsos fueron cobrados en distintas fechas del mes de julio: dos cheques el 3 de julio, otros dos el 4 de julio, dos más el 5 de julio, y finalmente, 19 cheques el 15 de julio. Esta secuencia de cobros plantea serias dudas sobre los mecanismos de control del banco y de la propia Alcaldía.
Wilfrido Rafael Ayala Moreno también subrayó que la entidad bancaria solo dejó 46 mil pesos en la cuenta, lo que genera mayores sospechas sobre la ausencia de alertas por parte del sistema financiero. “Es lamentable que en un Municipio con tanta pobreza pasen estas cosas. Se cobraron 25 cheques y el banco no generó una alerta. Nadie se dio cuenta de cómo sacaron esos cheques”. Afirmó el concejal.
Llamado a la intervención de la Fiscalía y otros organismos
Ante la magnitud del escándalo, el concejal Wilfrido Rafael Ayala Moreno ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que inicien investigaciones exhaustivas para esclarecer lo sucedido. Según Ayala Moreno, este robo pone en grave riesgo los recursos financieros del Municipio y podría comprometer el desarrollo de proyectos esenciales para la comunidad de Pueblo Viejo.
Las autoridades locales han sido fuertemente criticadas por su aparente falta de diligencia en el manejo de los recursos públicos. El alcalde Brando de Jesús Márquez Márquez ha negado cualquier responsabilidad en el incidente, alegando que no desea que “enloden su buen nombre”. Sin embargo, Wilfrido Rafael Ayala Moreno sostiene que el alcalde tiene responsabilidad directa, ya que los cheques estaban bajo custodia de la Secretaría de Hacienda y debían reposar en una caja fuerte, cuya clave es conocida solo por algunos funcionarios clave.
Impacto en la comunidad y reacción ciudadana
La noticia del robo de los cheques ha generado una profunda desconfianza en la comunidad de Pueblo Viejo. Los ciudadanos, que dependen de los servicios y programas ofrecidos por la administración local, han expresado su preocupación por la aparente vulnerabilidad del sistema de gestión financiera del Municipio. Este incidente pone de relieve las carencias en las prácticas administrativas y de control, lo que ha despertado un debate más amplio sobre la necesidad de mayor transparencia y supervisión en el manejo de los recursos públicos.
Los habitantes del corregimiento de San Juan de Palos Prietos, en particular, han sido los más afectados, ya que el proyecto financiado por los cheques robados es clave para mejorar su infraestructura y calidad de vida. La frustración de la comunidad afrodescendiente, que ha sido marginada durante años, se ha intensificado debido a este incidente, y exigen que se tomen medidas para garantizar que los recursos destinados a mejorar sus condiciones no sean malversados.
Contexto normativo y antecedentes en la región
El manejo inadecuado de los recursos públicos en municipios como Pueblo Viejo no es un fenómeno nuevo en Colombia. De acuerdo con la Ley 1474 de 2011, también conocida como el Estatuto Anticorrupción, los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos y adoptar medidas de control para evitar fraudes. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos, casos como el denunciado en Pueblo Viejo siguen siendo recurrentes, especialmente en regiones apartadas y con altos niveles de pobreza.
El caso de Pueblo Viejo es un ejemplo de los desafíos que enfrentan los municipios en áreas vulnerables, donde la falta de controles efectivos y la corrupción pueden debilitar el desarrollo local. Según un informe de Transparencia por Colombia, en 2023 se identificaron 295 municipios con alto riesgo de corrupción en el país, y el Magdalena se encuentra entre los departamentos con mayor incidencia de este tipo de prácticas.
El rol del sistema bancario y sus fallas
Una de las incógnitas que ha generado mayor polémica en torno a este caso es el papel del sistema bancario. La entidad financiera involucrada no emitió alertas ante los retiros inusuales que se realizaron durante el mes de julio. Este fallo en los mecanismos de control plantea preguntas sobre la eficacia de los protocolos de seguridad de las instituciones financieras, que deben actuar como una primera línea de defensa contra el fraude.
En Colombia, la Superintendencia Financiera es la encargada de supervisar que los bancos cumplan con las normativas de seguridad y prevención del fraude. Sin embargo, casos como el de Pueblo Viejo sugieren que existen lagunas en la implementación de estas regulaciones, lo que deja a las entidades locales expuestas a robos y malversaciones.
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