En Magdalena y Santa Marta, su capital; la protección institucional que se le debe brindar a las mujeres víctimas de violencia no pasa de la lamentación.
El asesinato de una mujer venezolana que residía en el barrio San Jorge de Santa Marta reactivó la rutina de ‘clamor institucional’ cada vez que hay un caso igual.
En Magdalena y Santa Marta, su capital; se volvió costumbre la ineficiencia gubernamental a la hora de proteger a las mujeres víctimas de la violencia.
Los funcionarios tienen poca efectividad frente a la violencia contra la mujer.
Los funcionarios pertinentes para la materia, tanto de la Gobernación del Magdalena como de la Alcaldía de Santa Marta, se quedaron en aflicciones.
Las dependencias que velan por los derechos femeninos suelen repetir la práctica de apesadumbrarse y deplorar los hechos sin acometer medidas concretas.
VER: El feminismo radical estremece a la Santa Marta que es política
BARBARISMO SIN FRENO
El caso de la venezolana Edumar Tavera Martínez, ama de casa de 22 años, asesinada por su exmarido, es una clara muestra de la desidia gubernamental.
Aterra saber que, entre enero y abril de este año, la Fiscalía General de la Nación ha registrado 387 casos de violencia intrafamiliar donde la víctima es la mujer.
La mujer sigue llevando la peor parte de una enfermedad llamada: violencia.
La Consejería para la Equidad de la Mujer reportó que las llamadas por violencia intrafamiliar entre el 25 de marzo y el 18 de junio, se incrementaron en 150 %.
Estos datos demuestran que a pesar del avance normativo la cultura patriarcal no avanza y los representantes institucionales se quedan en buenas intenciones.
VER: Día de la No Violencia contra la Mujer: los feminicidios en el Magdalena
