El pronunciamiento de la mandataria departamental, Margarita Guerra Zúñiga, conduce la discusión hacia uno de los mayores retos de la seguridad: garantizar que una condena también signifique la pérdida de la capacidad para dirigir estructuras criminales.
El atentado ocurrido en Fundación no solo dejó dos policías heridos y daños en tres establecimientos comerciales. También reabrió una discusión que Colombia ha enfrentado durante años y que, pese a los avances de las autoridades, sigue sin resolverse plenamente: ¿qué ocurre cuando un presunto cabecilla continúa teniendo capacidad de influir en una organización criminal desde un centro penitenciario?
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, llevó esa pregunta al centro del debate al pedir al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) intervenir el establecimiento donde permanece recluido alias ‘Robincito’, a quien las autoridades atribuyen, como hipótesis de investigación, la coordinación del ataque contra la Fuerza Pública en Fundación.
Su pronunciamiento trasciende el rechazo al atentado. En realidad, pone el foco sobre un componente que muchas veces pasa desapercibido en la política de seguridad: el control efectivo de las cárceles.
La captura no siempre marca el final
Durante décadas, la lucha contra las organizaciones criminales se ha medido por el número de capturas. Cada cabecilla detenido representa un avance para la justicia y un golpe a las estructuras ilegales. Sin embargo, la experiencia del país también ha demostrado que una captura, por sí sola, no garantiza el desmantelamiento de una organización.
Cuando una estructura conserva sus redes de comunicación, sus finanzas y su cadena de mando, el ingreso de un líder a prisión puede convertirse únicamente en un cambio del lugar desde el que ejerce influencia. Si las investigaciones establecen que un atentado fue coordinado desde un centro penitenciario, el problema deja de limitarse a la acción criminal y expone una debilidad institucional que exige respuestas.
Ese es el sentido del llamado hecho por la gobernadora. Su mensaje no cuestiona la importancia de capturar a los responsables; advierte que el Estado debe asegurar que la privación de la libertad también implique la pérdida de la capacidad para seguir orientando actividades delictivas.
La discusión adquiere mayor relevancia porque el atentado en Fundación no afectó exclusivamente a la Fuerza Pública. Los daños ocasionados a establecimientos comerciales recuerdan que la violencia termina impactando a ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto entre el Estado y las organizaciones criminales. Cada ataque altera la economía local, genera incertidumbre entre los comerciantes y deteriora la percepción de seguridad en los municipios.
Las cárceles, un frente decisivo para la seguridad
En los últimos años, distintas investigaciones y operaciones de las autoridades han evidenciado que algunas organizaciones ilegales han intentado mantener contacto con el exterior mediante mecanismos ilícitos como teléfonos celulares, redes de apoyo o actos de corrupción dentro de centros penitenciarios. Cada caso tiene particularidades y debe ser investigado de manera independiente, pero el fenómeno ha puesto en evidencia que el sistema carcelario también hace parte de la estrategia de seguridad del Estado.
Por esa razón, el pronunciamiento de Margarita Guerra dirige la atención hacia el Inpec y el Gobierno Nacional. La mandataria plantea que el trabajo de la Policía y de la Fiscalía pierde parte de su impacto si, una vez capturados los presuntos cabecillas, persisten condiciones que les permitan mantener comunicación con las estructuras criminales.
El desafío tampoco se limita al Magdalena. Es una discusión de alcance nacional que involucra la capacidad del Estado para garantizar que las cárceles cumplan su propósito: custodiar a quienes han sido privados de la libertad e impedir que continúen representando una amenaza para la sociedad.
La reflexión también obliga a revisar cómo se evalúan las políticas públicas de seguridad. Las estadísticas de capturas son importantes, pero no bastan para medir el éxito de una estrategia. También es necesario valorar si esas acciones reducen la capacidad operativa de las organizaciones, disminuyen las extorsiones, frenan los atentados y devuelven tranquilidad a las comunidades.
Una discusión que apenas comienza
El atentado de Fundación deja abierta una pregunta que trasciende este caso y que solo podrá responderse plenamente cuando avancen las investigaciones sobre los responsables y las circunstancias en que se produjo el ataque. Sin embargo, el llamado de la gobernadora ya instaló un tema que difícilmente podrá ignorarse: la seguridad no termina cuando una persona ingresa a prisión.
El verdadero reto comienza cuando el Estado debe garantizar que esa privación de la libertad rompa los vínculos entre un presunto cabecilla y la organización que dirigía. Si esos lazos permanecen, las capturas pierden parte de su efecto, la ciudadanía sigue expuesta y la sensación de impunidad se fortalece.
En ese escenario, el pronunciamiento de Margarita Guerra adquiere una dimensión que supera el caso de Fundación. Más que una reacción frente a un atentado, plantea la necesidad de revisar si el sistema penitenciario está cumpliendo una función esencial dentro de la política de seguridad: impedir que las cárceles puedan convertirse en un eslabón desde el que algunas estructuras criminales mantengan capacidad de influencia, siempre bajo el marco de lo que determinen las investigaciones y las decisiones de las autoridades competentes.
La seguridad de un territorio no depende únicamente de la capacidad para capturar a quienes delinquen. También se mide por la eficacia del Estado para impedir que el crimen conserve mando, coordinación o influencia después de una captura. Ese es el fondo de la discusión que deja Fundación y el motivo por el cual el pronunciamiento de la gobernadora trasciende el hecho puntual para instalar un debate sobre uno de los mayores desafíos de la seguridad pública en Colombia.
