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¡Por Mompox no se pasa, a Mompox se llega!

A partir de la fundación de Santa Marta se le bautizó como la calle Veracruz. Después la renombraron como la calle Grande. Y finalmente se le conoció como la calle Real. Hoy debería llamarse la calle Mompox.

Les hablo de la calle 17 entre las carreras segunda y tercera, en pleno corazón del Centro Histórico de Santa Marta. Y debería llevar el nombre de Mompox gracias al restaurante ubicado en la nomenclatura 2-43.

Mompox Bistró es mágico. Es el típico restaurante con aura francesa, pero de esencia Caribe. Abierto desde mediados de año es epicentro de la cocina de calidad con los históricos sabores de la provincia.

POR DENTRO

Al entrar hay que atravesar una puerta-vitral de doble hoja, enrejada con hierro torneado. Vas a caminar sobre una pasarela de una impactante baldosa española mientras te delitas con su decoración interior.

El primer golpe de vista es hacia la simulación de ventanitas de casa de pueblo con faroles de vela y jardines de palmas y millonarias en la pared izquierda, y de aparadores de antigüedades en la derecha.

Tiene capacidad para 32 personas que se pueden ubicar en vigorosas mesas y sillas de madera o, en la barra del bar de tres puestos. La sensación de estar en el interior de una vivienda de Mompox, se hace realidad.

¡A COMER!

El menú es absolutamente notable. Mi entrada se llama ‘La capillita’ que es un mix de butifarra mompoxina, pesto costeño, tomates cherrys, queso de búfala, plumas de cebolla morada y humus sobre pan de pita.

En turno continué con un ‘Arroz del mono’ que es un caldoso de chorizo artesanal mompoxino elaborado con tropezones de plátano maduro y friticas de yuca. Este plato fuerte le hace honor a su nombre.

Como hago parte de la ‘cultura fit’, mi bebida no alcohólica fue una limonada de hierbabuena. Mi pecado estuvo en el postre. Me sedujo ‘El enyucado de pueblo’ que es una porción de torta de yuca con queso, coco, anís y una bola de helado de vainilla.

Mauricio Torres, el propietario, tiene razón: ¡Por Mompox no se pasa, a Mompox se llega! Me apunto para repetir. Ojalá usted se atreva. Hay 18 platos que están esperando por ti. ¡Anímate!

¡Es la economía, estúpido!

• James Carville

En la edición número once del Encuentro de Gestión Universitaria, desarrollado en la Universidad del Magdalena y que contó con la participación de rectores de universidades públicas y representantes del Gobierno Nacional; Pablo Vera Salazar, rector anfitrión; recordó una expresión que se hizo famosa gracias a James Carville consultor político del entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos: Bill Clinton. La oración enfatiza en la importancia de la económico para resolver problemáticas. Vera afirmó que él y sus colegas son administradores de pobreza.

Con todo y su crudeza, lo dicho por Pablo Vera es absolutamente cierto. En efecto, los rectores administran escasez y lo hacen en medio de posibilidades desbordadas. En la educación superior, la realidad contrasta drásticamente con las expectativas. Las administraciones universitarias lidian con presupuestos insuficientes y enormes responsabilidades. ¡Administrar pobreza!, es la descripción acertada de su realidad.

Ciudadanía, estudiantes y entidades de control miran hacia estos líderes académicos con la esperanza de una gestión eficiente y un compromiso con la excelencia, pero ¿es justo esperar milagros cuando las limitaciones financieras asfixian cualquier intento de progreso real?

No se confundan. La gestión de una universidad pública es una tarea compleja que requiere combinar habilidades administrativas y visión académica. Los rectores deben garantizar la calidad de la educación ofrecida, gestionar los recursos, mantener infraestructuras, fomentar la investigación y la innovación, y brindar oportunidades equitativas para todos los estudiantes. La cruda realidad es que siempre se ven limitados por presupuestos raquíticos que siniestran metas.

Las expectativas de la sociedad hacia las universidades públicas son altas. Se espera que sean cuna del conocimiento, motores de desarrollo, transformación y forjadoras de ciudadanos comprometidos. Pero, ¿cómo se puede lograr todo esto con recursos diminutos? Los rectores se enfrentan a un dilema constante: ¿dónde asignar los fondos limitados?: en docencia, investigación, infraestructura… Todas compiten por una porción de la torta presupuestaria.

La propuesta de reforma a la Ley 30 presentada por el Gobierno Nacional del presidente Petro despierta esperanza. Bajo el lema del “gobierno del cambio”, es imperativo abordar los problemas de fondo. Entre dichos desafíos, hay uno prioritario: superar las inequidades en la distribución de los recursos de las universidades.

Las instituciones de educación superior del centro de Colombia reciben hasta cinco veces más del presupuesto nacional, en detrimento de sus pares regionales. Un modelo equitativo de distribución permitiría a universidades como la de Magdalena, cumplir sus responsabilidades con los estudiantes y la comunidad en igualdad de condiciones.

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una nación, y es hora de que se refleje en la inversión y el apoyo que se le brinda. Si el gobierno realmente aspira al cambio, este debe ser profundo y transformador, capaz de liberar a los rectores de universidades públicas de la carga de ser administradores de pobreza. Al final de cuentas no es un capricho… ¡Es la economía, estúpido!

Desde hace varios años se ha insistido en la necesidad de generar políticas o metodologías que permitan fortalecer el proceso de producción normativa en el país. Es por ello que me agrada que en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que se tramita en el Congreso de la República P.L. 338/2023C – 274/2023C, se relacione en su parte motiva lo siguiente:

c. Calidad, efectividad, transparencia y coherencia de las normas

Se expedirá una nueva política de mejora regulatoria que permita responder a las recomendaciones post-acceso de la OCDE y las buenas prácticas regulatorias, concibiendo la expedición de normas como un ciclo, y consolidando la gobernanza regulatoria en el país. En particular, se garantizará que las normas estén basadas en evidencia, a partir de la implementación de evaluaciones ex ante y ex post. Se consolidará un inventario normativo único y articulado entre el nivel nacional y territorial, y se avanzará en la respuesta a las recomendaciones y buenas prácticas OCDE en relación con los organismos reguladores del país.

Lo anterior significa que las entidades o autoridades públicas competentes de producción normativa deben realizar un control ex ante y ex post de sus decisiones. Aunque es necesario aclarar que el control ex post es propio del aparato jurisdiccional del Estado a través de la figura judicial review. Por lo que en este tipo de control se ha avanzado en el país, siendo deficiente la implementación de un control ex ante, en los distintos escenarios de producción del Derecho en Colombia, es decir, desde la creación de la ley, aprobación de ordenanzas, acuerdos municipales, distritales y expedición de decretos por parte del Presidente de la República, gobernadores y alcaldes y demás actos administrativos generados por las distintas autoridades públicas.

Un caso reciente que se puede conectar con la necesidad de un control ex ante de las normas, se puede evidenciar con el Decreto 0227 de 2023, el cual busca reasumir algunas de las funciones el Presidente de la República en materia regulatoria de servicios públicos domiciliarios recientemente suspendido por el Consejo de Estado. Toda vez que los argumentos del máximo organismo de la jurisdicción contenciosa administrativa, se relacionan con las evaluaciones y procedimientos previos se debieron tener en cuenta antes de su expedición: 1. El proyecto de Decreto debió se socializado por lo menos con 15 días de antelación para que la ciudadanía participará sobre su contenido. 2. El riesgo que se genera con este tipo de normas al violar la cláusula de competencia constitucional entre las competencias de los poderes legislativo y ejecutivo.

Otro asunto que me llama la atención, es el poco esfuerzo o motivación de una norma jurídica que desde que se anunció por el Presidente de la República que iba a expedir generó controversia y que era crónica de una demanda anunciada, por lo que sus asesores y equipo al parecer no implementaron evaluaciones ex ante y ex post, al punto que se decretó la suspensión provisional, la cual es una figura excepcional en nuestro sistema jurídico, es decir, que lo que Gobierno Nacional presenta o relaciona en proyectos de ley como Plan Nacional de Desarrollo frente a la calidad y coherencia normativa aún es muy débil en su implementación, siendo este el gran desafío no solo de la Presidencia de la República sino de todas las entidades y autoridades públicas.

Otro ejemplo, que permite reflejar la imperiosa necesidad de mejorar y adecuar las decisiones de las entidades o corporaciones públicas es el artículo 96 de la reciente Ley 2200 de 2022, la cual incorpora el principio de unidad temática en el proceso de presentación y aprobación de las ordenanzas departamentales armonizado con el artículo 158 constitucional que contempla el principio de unidad de materia en el procedimiento legislativo.

Ahora bien, la pregunta sería ¿cuál o cuáles son las metodologías adecuadas para realizar evaluaciones ex ante y ex post de las decisiones del Estado? Responder a esta pregunta ha sido el objetivo de varios trabajos y el mío, por ello, he insistido en la posibilidad de aplicar el principio de proporcionalidad como se conoce en Colombia por el legislador colombiano, a partir de unos criterios que este debe tener en cuenta, ya que el principio de proporcionalidad es hasta el momento el criterio metodológico más racional que posee la interpretación constitucional en relación a la regulación de los derechos fundamentales, el cual nuestra Corte Constitucional no ha sido ajena de aplicar. Esto no significa que el principio de proporcionalidad sea el que brinde certezas plenas y/o absolutas, pero ha permitido al Poder Judicial, en especial a los tribunales constitucionales, racionalidad y técnica de argumentación para confrontar las medidas legislativas con la Constitución.

Finalmente, es oportuno mencionar que lo que se plantea no pretende ser la solución definitiva a la exigencia del legislador y de la administración en argumentar sus decisiones, pero sí permite aportar a su mejoramiento. Por sus elementos y características, el Congreso, Presidencia de la República, Asambleas, Concejos, Alcaldías, Gobernaciones, Juntas Administradoras Locales y demás autoridades públicas pueden encontrar una alternativa racional y técnica de argumentación sólida en el principio de proporcionalidad. Es claro que esto no significa que la propuesta sea infranqueable, pero sí aporta a potenciar la carga argumentativa en sus decisiones (Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones) siguiendo los parámetros ofrecidos por la proporcionalidad, reduciendo los riesgos que estos sean declarados inconstitucionales o anulados por la Jurisdicción Constitucional o la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En nuestra sección económica resaltamos para nuestros lectores, los negocios locales. Hoy te contamos sobre Andre Beauty Spa ¡Conócelo!

Andre Beauty Spa es un lugar en Santa Marta donde se ofrecen una gama de servicios enfocados en la estética y el bienestar, se adapta a las necesidades de los clientes, complaciendo sus necesidades, mientras se mejora continuamente.

“Manejamos todo lo que es la belleza corporal y facial, nuestra gama de servicios se extiende a las cejas, pestañas, tratamientos para la despigmentación, tratamientos de SPA así que nuestra garantía es ofrecer un servicio completo”.

“Le damos la confianza al cliente para que se comprometa con nosotros como nosotros lo hacemos con nuestro trabajo” expresó Andrea Cubides propietaria y alma de este lugar.

Andre Beauty Spa trabaja en sinergia con sus clientes, para que los resultados sean óptimos en cuerpo, rostro o piel se cuenta con un equipo altamente calificado y se busca el compromiso del cliente, el trabajo en equipo en este sentido es vital.

CONFIANZA Y CALIDAD

Cabe resaltar que la prioridad de Andre Beauty Spa es cumplir los protocolos correspondientes a la estética, comenzando por explicar detalladamente los procedimientos y describir cada procedimiento.

“Todo esto con el fin de que nuestros pacientes se sientan seguros y confíen en que están en un buen lugar donde les estamos ofreciendo algo bueno porque trabajamos con amor y una gran entrega y con el conocimiento necesario para hacerlo bien” explica Andrea.

Relata que en ocasiones los clientes llegan a disfrutar un servicio y traen traumas de otros lugares, por ejemplo: una ceja trasquilada. En Andre Beauty Spa se trabaja con esmero para que esto no suceda, sino que el cliente se sienta seguro y confiado.

“Invitamos a todos los lectores de CÓDIGO PRENSA para que se realicen sus procedimientos con nosotros, donde queremos que te sientas segura y en casa, cómoda y cuidada.  Te asesoramos sobre lo que más le conviene a tu cuerpo, tu piel y tu rostro”.

VER: Ambar Bio, una oportunidad para el turismo sostenible en Santa Marta

Nota: Este es un espacio de opinión abierta y de participación. Las posiciones aquí presentadas son responsabilidad exclusiva de cada autor y no necesariamente representan o dirigen el curso editorial o la filosofía de codigoprensa.com

Esta semana fue noticia una nacional la clausura de una iglesia en Santa Marta. Los feligreses se encontraban reunidos en un espacio pequeño no adecuado, sin medidas de protección e involucraron niños y personas de avanzada edad. Inmediatamente se puso sobre la mesa el debate acerca de la viabilidad de reabrir los lugares de culto y los aparentes peligros que pudieran rodear tal decisión.

Hay varias cosas que deben considerarse al respecto, sobre todo porque no se trata de un tema menor. Si bien, las iglesias no conforman un rubro importante en la economía, sí son una expresión ligada a la libertad individual que no puede ser ignorada.

Lo primero que debe mencionarse es que en su gran mayoría las iglesias han transicionado con éxito a la virtualidad temporal. Los centros religiosos de la ciudad, incluyendo la Catedral Basílica, adaptaron los púlpitos y los convirtieron en improvisados estudios de grabación, unos más sofisticados que otros pero en general, por alrededor de cuatro meses los templos han estado vacíos.

Debe dejarse también en claro que la actitud irresponsable de estas personas que se encontraban reunidas, no se dio por el hecho declarado de ser parte de una iglesia o en razón de una directriz de fe que así lo demande, ellos particularmente actuaron movidos por una deliberada falta de cautela y juicio.

Esta no es la prueba de una revuelta sistemática por parte de las iglesias ni tampoco una iniciativa que desconozca la importancia del momento que estamos atravesando; sin embargo, si debe admitirse con la mirada al piso que el singular ejercicio de la fe en algunas personas en ocasiones termina comprometiendo su integridad y también la de otros al mismo tiempo que la reputación y la percepción generalizada, nada nuevo debajo del sol, pero esto no debe de ninguna manera ser el rasero con el que se mida todo el sentir religioso de una sociedad.

Me temo que este hecho ha sido capitalizado no como un caso particular y de naturaleza singular sino como si fuera la prueba reina de lo que sucede con la iglesia en general, una apreciación a mi juicio injusta, debo decirlo firmeza.

Las autoridades han asumido erróneamente que ordenar la reapertura de los lugares de culto implicaría que los miembros de las iglesias correrán en forma desaforada y por encima de toda ley de cuidado cuando en cuatro meses no ha sucedido así. Estos parecen ignorar además que los miembros de comunidades religiosas son parte de una sociedad familiarizada con las restricciones vigentes en todos los sentidos. En efecto, no se trata de personas que han estado encerradas sin ningún contacto con el mundo exterior durante toda la pandemia y que ahora están esperando el momento para salir de sus casas con las barbas largas y el pelo desgreñado a reunirse sin control.

¿Pero qué hace de las iglesias un caso tan especial? Esa es una pregunta interesante sobre todo si se ve a la luz de que junto al sector de la aviación han sido los más resistidos por personas cercanas a peculiares ideologías políticas. Pero no quiero sembrar ninguna suspicacia, por favor siga leyendo.

Esta semana, por ejemplo, el New York Times publicó un articulo en el que alegaba que un mes y medio después que el presidente Trump ordenara la  reapertura para iglesias, la afectación es de 650 casos relacionados con actividades religiosas en todo el país. Si, leyó bien, ¡650! incluyendo retiros y campamentos, —algo fuera de lugar por demás— Eso representa el 0.02% del total de infectados en Estados Unidos; sin embargo, fue presentado como una noticia catastrófica. Es interesante que tales estudios y evaluaciones no se han hecho para otros sectores que han estado en ejercicio pleno inclusos desde el inicio de las medidas. Pareciera como si los únicos con la facultad potencial de violar las reglas fueran los creyentes.

Por otro lado, a la fecha en nuestro país otros sectores funcionan con protocolos menos exigentes que aquellos que están dispuestos para los lugares de culto, aunque, en contraste con esos otros sectores, las iglesias cuentan con un demográfico mucho más uniforme, responden a un liderazgo y mantienen relaciones de interacción más definidas, algo que sin duda resulta ventajoso a la hora de pensar en la implementación de reglas de control y protección.

Sumado a todo esto hay una sensación de ambigüedad o falta de precisión en la información.  Mientras el presidente ordena la reapertura, bajo protocolos en municipios con baja afectación, los alcaldes en definitiva son los encargados de autorizarlo, decir sí o no a dicha reapertura. Se esperaría que los afectos religiosos de la alcaldesa pudieran tener al menos una incidencia en manifestar una determinación; por supuesto, no se trata de esperar que sancione por encima de la medida de sensatez y la calamidad que ahora enfrenta la ciudad, pero si que ponga fin al limbo de opinión que rodea este asunto. Uno esperaría que la primera autoridad hable.

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Finalmente, el fervor religioso es inherente a la libertad, algo que debe ser garantizado de la misma manera que se garantiza el derecho a ejercer una actividad laboral. Por supuesto, en circunstancias especiales como las que vivimos, dichos derechos no deben sobrepasar la frontera de modo que ponga en peligro la libertad de otros; es por eso que lo que se pide no es que se autorice el ejercicio inmediato y no restringido de la fe, sino que se abra una ruta a la reapertura bajo lo ya establecido como reglas para salvaguarda de salud y la vida.