La ciudad se encuentra en el ojo de la procuraduría tras hallar irregularidades en contratos.
El Ministerio Público expresa preocupación respecto al contrato para la construcción del sistema de acueducto en Santa Marta, tanto en la zona urbana como rural. El valor del contrato asciende a un monto significativo, superando el billón de pesos, lo que lo convierte en una inversión de gran envergadura para la ciudad y sus áreas rurales.
Este ha señalado la existencia de posibles errores y deficiencias en el proceso de contratación. Sin embargo, destaca la atención que se debe prestar a los diseños, estudios, planes presupuestales y pliego de condiciones del proyecto, ya que podrían presentar falencias que comprometan la ejecución del contrato.
La Procuraduría observa la falta de criterios técnicos y financieros en algunos requisitos planteados, como la carta de cupo de crédito, el sustento del presupuesto oficial, el análisis de alternativas contractuales, riesgos previsibles, forma de pago y posibles alteraciones en el documento tipo aplicable.
Un aspecto adicional que llama la atención es la ausencia de información sobre las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la ejecución de los trabajos del sistema de acueducto. La falta de estos detalles puede generar obstáculos y retrasos en el proceso de construcción.
VALOR DEL CONTRATO Y SU RELEVANCIA
Es fundamental destacar que las observaciones realizadas por el Ministerio Público cobran una importancia significativa debido al alto valor del contrato, que supera los 1.6 billones de pesos. Esto hace que cualquier fallo o error en la gestión del contrato podría tener consecuencias financieras y operativas significativas.
Ante las preocupaciones planteadas por el Ministerio Público, es esencial que se tomen medidas para corregir y aclarar los puntos cuestionados en el proceso de contratación. Esto garantizará que el contrato se desarrolle de manera transparente y efectiva, sin riesgos innecesarios.
El Ministerio Público, como ente de control, ha emitido alertas y ha requerido información a la alcaldía distrital sobre estos puntos. Esto demuestra su compromiso en garantizar la legalidad y transparencia en este tipo de proyectos de gran envergadura.
Este caso resalta la importancia de una supervisión y fiscalización efectivas en la gestión de proyectos de infraestructura pública, particularmente cuando involucran recursos significativos. La detección temprana de posibles irregularidades puede evitar problemas mayores en el futuro.
