Revelan presuntas irregularidades en la custodia y manejo de bienes donados durante el gobierno de Carlos Caicedo. ¡Por un valor superior a cinco mil millones de pesos.
La Contraloría General del Magdalena ha iniciado un proceso de auditoría en la Gobernación del Magdalena, tras recibir una denuncia fiscal relacionada con un posible detrimento patrimonial superior a los cinco mil millones de pesos -$5.000.000.000-. La investigación se centra en el manejo y custodia de bienes donados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, destinados a atender emergencias y necesidades de la población en situaciones de calamidad.
Según el informe preliminar de la Contraloría, las irregularidades ocurrieron durante el año 2022, periodo en el que Carlos Eduardo Caicedo Omar ocupaba el cargo de Gobernador del Magdalena. Los bienes donados por la DIAN fueron distribuidos en las llamadas «Ferias de la Equidad», organizadas por la administración departamental.
Sin embargo, la Contraloría señala que podría haberse incurrido en una serie de irregularidades que, de confirmarse, habrían generado un detrimento patrimonial.
Entre las irregularidades señaladas se encuentra la posible pérdida de los bienes donados, el incumplimiento de requisitos legales para su enajenación y la falta de criterios objetivos en la selección de los beneficiarios. Estos hechos podrían derivar en sanciones disciplinarias o incluso penales, dependiendo de los resultados de la auditoría en curso.
El objetivo de la Contraloría General del Magdalena es esclarecer si la administración departamental, bajo la dirección de Caicedo Omar, actuó conforme a la ley en el manejo y entrega de los bienes donados, o si se materializó un perjuicio al patrimonio público. La investigación sigue en curso, y se espera que los resultados finales determinen las acciones a seguir por parte de las autoridades competentes.
La Gobernación del Magdalena aún no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a estas acusaciones. Entretanto, la Contraloría continúa su labor para asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en la región.