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Contratista de la Alcaldía de Santa Marta se entregó a la Fiscalía

Por Yannis Moscote Castillo

287Omar Enrique Álvarez Escorcia, responsable de las obras de la calle 22, debe responder por los presuntos delitos de peculado por apropiación como interviniente en concurso heterogéneo en falsedad de documento privado.

El contratista del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Alcaldía de Santa Marta, Omar Enrique Álvarez Escorcia, se entregó a la Fiscalía.

Álvarez Escorcia responderá por los delitos de peculado por apropiación como interviniente en concurso heterogéneo en falsedad de documento privado.

El contratista se presentó en las oficinas del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, a las 8:12 de la noche del sábado 25 de noviembre.

La entrega se da después que Mauricio Alberto Santos Reyes, interventor de las obras en la calle 22 fuera capturado en Bucaramanga el 12 de noviembre.

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¿QUÉ SIGUE?

Como Omar Enrique Álvarez Escorcia se entregó y no fue apresado, en las próximas horas la Fiscalía declarará la cancelación de la orden de captura.

Posteriormente se llevará acabo la audiencia de imputación de cargos donde se le comunicarán al contratista los hechos ilegales que se le atribuyen.

 

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En las obras de la Calle 22, la Fiscalía cree que se cometió peculado por apropiación en concurso heterogéneo en falsedad de documento privado.

Finalmente, debe cumplirse la etapa en la que se dictará la medida de aseguramiento, que la Fiscalía pedirá se cumpla en un centro carcelario.

La redacción de www.codigoprensa.com conoció que Mauricio Alberto Santos Reyes señaló a Omar Enrique Álvarez Escorcia de haber falsificado su firma.

OBRA INCONCLUSA

Las obras de la calle 22 fueron contratadas en octubre de 2016 por el Sistema Estratégico de Transporte Público de la Alcaldía de Santa Marta.

Omar Enrique Álvarez Escorcia es el representante legal del Consorcio SETP 2015 a quien se le adjudicaron los $13.073.643.927 que costaba la obra.

Por su parte, Mauricio Alberto Santos Rey fungió como representante legal del Consorcio TUS 2015, a quien se le contrató la interventoría por $655.825.603.

Los presuntos actos ilegales señalados en esta obra, se convirtieron en una prioridad para Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación.

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