La Fiscalía General de la Nación activó una noticia criminal por posibles irregularidades en el manejo de recursos de empréstito usados en pavimentaciones ejecutadas en Fundación, Magdalena.
Lo que durante meses se movió entre derechos de petición y documentos cruzados, ahora terminó convertido en un expediente penal que comenzó a caminar dentro de la Fiscalía. La alcaldesa de Fundación, Magdalena, Luz Helena Andrade, quedó oficialmente bajo observación judicial luego de que la Fiscalía General de la Nación activara una noticia criminal por posibles irregularidades en el manejo de recursos destinados a obras viales financiadas con empréstito en el municipio.
La actuación quedó registrada bajo el número 470016001020202610169 y fue calificada inicialmente por el presunto delito de peculado por apropiación, una figura penal relacionada con posible uso indebido de recursos públicos, situación que empezó a generar fuerte ruido político y administrativo en Fundación, especialmente porque el proceso ya fue remitido a la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Santa Marta, despacho encargado de investigar casos relacionados con contratación estatal, corrupción administrativa y afectación al patrimonio público.
Detrás del expediente aparecen varias obras de pavimentación ejecutadas con recursos de empréstito, proyectos que en su momento fueron presentados como parte del mejoramiento vial del municipio y que ahora terminaron convertidos en motivo de revisión judicial y fiscal.
Las obras que encendieron las alarmas
La investigación gira alrededor de tres tramos específicos ejecutados en Fundación, entre ellos la pavimentación desde el puente del ferrocarril hasta el sector de La Vial, la entrada al corregimiento de Santa Rosa de Lima y la vía comprendida entre la esquina de Vera Judith y la salida hacia Pivijay.
Según la información entregada a los organismos de control, las alertas comenzaron luego de varias solicitudes de información pública relacionadas con contratos, interventorías, desembolsos, ejecución presupuestal y estado real de las obras.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto dentro del expediente, las respuestas entregadas habrían presentado inconsistencias técnicas y financieras, además de vacíos documentales y dificultades para establecer una trazabilidad clara sobre cómo fueron ejecutados los recursos públicos utilizados en esos proyectos.
Ese escenario fue el que terminó provocando que el caso escalara hasta la Fiscalía y comenzara a abrirse una revisión más profunda sobre contratos, pagos y ejecución de las obras.
Contratos y recursos entran en revisión
La actuación penal podría extenderse ahora hacia distintos niveles de la administración municipal, debido a que dentro del proceso se contempla la revisión de contratos, actas de avance, informes de interventoría, supervisión técnica, pagos realizados y desembolsos provenientes del empréstito utilizado para financiar las pavimentaciones.
Además, uno de los aspectos que será clave dentro de la investigación tiene que ver con establecer si existe coherencia entre los recursos ejecutados y el estado material de las obras actualmente construidas.
Dentro de las respuestas oficiales también aparece mencionado el Fondo Mixto Sierra Nevada, entidad relacionada con la ejecución de los proyectos y que ahora entra igualmente en el radar de las autoridades.
Aunque por ahora no existen imputaciones formales ni personas judicialmente vinculadas, el expediente podría terminar comprometiendo actuaciones de funcionarios relacionados con infraestructura, contratación, planeación, supervisión técnica, interventorías y ordenación del gasto.
La apertura de la noticia criminal además representa un golpe político delicado para la administración de Luz Helena Andrade, porque el proceso ya comenzó a salir del escenario administrativo y pasó directamente al terreno judicial.
Fundación entra en fase de vigilancia judicial
El caso no quedó únicamente en manos de la Fiscalía. La denuncia también fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría del Magdalena, entidades que deberán establecer si existen posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales derivadas del manejo de los recursos públicos.
En nuevos requerimientos enviados a las autoridades, también se solicitó establecer qué actuaciones investigativas se han adelantado hasta el momento, si ya existen inspecciones financieras o solicitudes de documentos dirigidas a la Alcaldía de Fundación y cuál es el estado real de la investigación penal.
La activación formal de esta noticia criminal comenzó a mover el tablero político en Fundación, porque la discusión dejó de centrarse únicamente en calles pavimentadas y obras inauguradas. Ahora el debate apunta hacia otra pregunta mucho más delicada, qué ocurrió realmente con los recursos públicos utilizados en esos proyectos y si detrás de las obras que hoy exhibe el municipio existe o no una ejecución transparente del dinero que salió del bolsillo de los ciudadanos.
