Reavivan el debate sobre las construcciones ilegales a raíz de desastres causados en barrios de Santa Marta por la intensidad de la ola invernal.
En los últimos días, un recio aguacero golpeó sin piedad a Santa Marta, dejando a su paso graves emergencias. El ‘diluvio’ desató un caos generalizado en la ciudad: deslizamientos de tierra, árboles caídos y calles completamente inundadas paralizaron la movilidad y afectaron a cientos de familias, especialmente en el barrio San Fernando en el nororiente de la capital.
Allí, al menos 201 hogares sufrieron las consecuencias directas del temporal. Algunos perdieron sus viviendas, otros sus pertenencias y muchos sus esperanzas de recuperación a corto plazo.
Este triste panorama no tardó en visibilizar los problemas de construcción ilegal que proliferan en la ciudad. En las laderas de los cerros que rodean San Fernando, edificaciones sin permisos han bloqueado las rutas de evacuación natural del agua, provocando represamientos y, finalmente, deslizamientos peligrosos que pusieron en riesgo a toda la comunidad.
El debate en el Concejo de Santa Marta
A raíz de esta emergencia, que por fortuna no cobró vidas, el Concejo de Santa Marta tomó cartas en el asunto y convocó un debate urgente sobre la situación de las construcciones ilegales en zonas de alto riesgo.
En este caso, la secretaria de Planeación, Patricia Lucía Caicedo Lafaurie, fue citada para rendir explicaciones. Durante su intervención, la funcionaria reconoció que han detectado numerosas construcciones sin autorización en áreas vulnerables y señaló que son la principal causa del desastre que enfrentan las familias de San Fernando.
En su defensa, Caicedo Lafaurie aseguró que la Alcaldía tiene previsto un plan de acción de largo plazo que involucra una inversión de $89.200 millones hasta el año 2027. Este presupuesto tiene como objetivo regularizar 5.000 títulos de propiedad, legalizar 20 asentamientos y mejorar las condiciones de 1.000 viviendas en la ciudad, entre otras iniciativas.
Propuestas para prevenir nuevas tragedias
Durante la sesión, algunos concejales hicieron énfasis en la necesidad de crear mecanismos de control que impidan futuras tragedias. El concejal Juan Carlos Palacio Salas propuso la formación de un grupo élite encargado de detener y, de ser posible, sancionar a los responsables de construir edificaciones que no cumplan con las normas establecidas.
Por otro lado, el concejal José Alfredo Ordóñez Gutiérrez, añadió que la problemática de las construcciones ilegales no es un fenómeno reciente. Ordóñez subrayó que, además de la Alcaldía, entidades como Migración Colombia, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) y la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Santa Marta deben intervenir en el asunto, debido a que un porcentaje considerable de estas construcciones ilegales se atribuye a extranjeros, según reportes de la comunidad.
“Esperamos que no se siga dando lo que pasó en el barrio San Fernando. @Planeacion_SM El medio ambiente recupera lo suyo y nos está demostrando que pueden venir cosas peores. La problemática es de múltiples factores y viene de tiempo atrás” @BetoSocarras pic.twitter.com/ryTDJ5U5FJ
— Concejo Santa Marta (@concejodestamta) November 7, 2024
Respuestas y ayudas para los damnificados
Mientras los organismos de control y las autoridades locales discuten cómo enfrentar las construcciones ilegales, la Alcaldía ha comenzado a responder a las necesidades urgentes de las familias afectadas.
Con una inversión inicial de $150 millones, el Distrito dispuso recursos destinados al mejoramiento inmediato de las viviendas más afectadas, una acción que los habitantes de San Fernando consideran vital para comenzar a reconstruir sus hogares.
Adicionalmente, el equipo de la Alcaldía ha distribuido víveres y artículos de primera necesidad para los damnificados. Las entregas de ayuda humanitaria continúan, aunque las necesidades de los afectados siguen siendo muchas.
Urge una solución integral a las Construcciones ilegales
El caso de San Fernando ha puesto en evidencia la falta de una política integral para el control de edificaciones en zonas de alto riesgo en Santa Marta.
Los concejales y funcionarios coinciden en que las soluciones no pueden limitarse a acciones de coyuntura, sino que deben ser parte de un proyecto estructural que integre planificación urbana y gestión de riesgos.
Con una temporada de lluvias que aún promete más precipitaciones, las familias de San Fernando y de otros barrios en riesgo claman por una respuesta que impida que estos desastres vuelvan a repetirse.
VER: En los cerros de San Jorge construyen hasta cantinas ilegales
